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por Eduardo González Cueva
Ahora que la Comisión de la Verdad ha sido completada, es de esperar que supere los azares de sus primeras semanas de vida. En efecto, el inicio de sus labores difícilmente pudo ser más desordenado. Sin un plan de trabajo ni una voz homogénea, los comisionados actuaron individualmente, utilizando su aún reducido capital político para defenderse de las críticas que -desde diversos sectores de la sociedad civil- se hicieran a su composición.
Por supuesto, el realismo dice que el malestar causado por la presencia de Beatriz Alva Hart no desaparecerá necesariamente luego de la ampliación del número de miembros. De hecho, es paradójico constatar que -aunque la ampliación de la comisión se había justificado por la necesidad de incluir a líderes de grupos de derechos humanos- de cinco nuevos miembros, solamente una, Sofía Macher, proviene de estos organismos.
Aún se duda de la efectividad y legitimidad de una comisión donde las mujeres, los provincianos y los quechua-hablantes son una clara minoría. En diversos talleres de información y capacitación sobre la Comisión, en los que he participado, se recoge la duda de los participantes de las zonas más afectadas por la violencia sobre la sensibilidad de un organismo limeño para recoger sus puntos de vista.
No se sabe tampoco si la composición de la secretaría técnica -que se ha completado sin ningún tipo de concurso y antes de la nominación de los nuevos comisionados- tendrá el balance adecuado de perspectivas, entre el derecho, las ciencias sociales y las humanidades, para descubrir la verdad entendida como prueba legal y a la vez procesar la verdad entendida como la revisión de un trauma social y personal.
Políticamente, la Comisión no encuentra aún el espacio de liderazgo moral nacional que necesita, y ha respondido a diversos intentos de zarandeo político con el silencio. La presencia de campesinos de Accomarca y Cayara en el Congreso le impuso a los comisionados una audiencia fuera de plan y un primer choque de opiniones, debido al malestar del APRA, que interpretó este contacto como una señal política de parcialidad.
Por su parte, los presos senderistas y sus organizaciones de solidaridad han empezado a implementar un plan para formar una " auténtica " comisión de la verdad. Las distintas facciones de senderistas en prisión y sus organismos de apoyo de familiares realizan coloquios y distribuyen materiales reclamando que la Comisión sirva como el paso previo a una amnistía general.
Del otro lado del conflicto, hace algunos meses, el general Jaime Salinas Sedó anunciaba que -de haber signos de inquina política entre los comisionados- las fuerzas armadas debieran formar su propia Comisión. La inclusión de un militar retirado puede ser un gesto de deferencia a estos sectores, pero el resultado obvio es que agudizará el argumento senderista de que "ambos lados" deben estar representados en la Comisión.
A esto debe agregarse -en el plano operativo- que diversas instituciones de la sociedad civil y del gobierno, como la Universidad de San Marcos y la Academia Diplomática, están organizando cuerpos bautizados como " comisiones de la verdad " aún cuando se trate de grupos con fines bastante diferentes de la investigación de violaciones a los derechos fundamentales. En otros casos, existe una duda tal sobre el mandato de la Comisión que ya se habla de " comisiones de la verdad " para casos específicos, como el de las esterilizaciones forzadas.
La falta de liderazgo y voces claras afecta a la Comisión y -sobre todo- afecta a las víctimas. Existen reportes consistentes desde provincias alertando sobre la presencia de personas inescrupulosas que se presentan ante las víctimas pidiendo dinero a cambio de la promesa de ayudarles a presentar sus casos ante la comisión y obtener indemnizaciones. La atención nacional al caso de Barrios Altos, donde el gobierno entregará compensaciones, ha abierto un espacio donde ciertos tinterillos intentan medrar, pero también donde las víctimas de casos menos publicitados se preguntan legítimamente sobre el tipo de reparación que ellos debieran recibir.
En estas circunstancias, el nombramiento de nuevos comisionados debe ser recibido con sobriedad. Otras comisiones de mucho éxito han pasado también por los dolores del parto. Los nuevos comisionados (y comisionada) permiten augurar una relación más fluida con las organizaciones de la sociedad civil que son las que tienen la absoluta mayoría de la información sobre los casos y las relaciones más sólidas con las víctimas.
Es de esperar que la Comisión, luego de su recomposición adopte algunas medidas urgentes. Entre otras, podría mencionarse las siguientes: adoptar un mecanismo de vocería definido ; adoptar un discurso claro que afirme su ubicación más allá de la lucha política ; celebrar convenios con las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y con otras comisiones investigadoras ad hoc ; acallar los rumores sobre desacuerdos acerca de temas tales como compensación económica para los comisionados ; revisar el proceso de conformación de la secretaría técnica para darle una completa transparencia, acorde con el momento de reconstrucción de la vida democrática que vive el país.
El Perú tiene la oportunidad de llevar a cabo un excelente ejercicio de análisis de su pasado, que aprenda de las más de treinta experiencias previas en el mundo y sea digna acompañante de otras experiencias paralelas, tales como las Comisiones en actual formación en Sierra Leona, Bosnia-Herzegovina, Timor Oriental y posiblemente Camboya. Tenemos la gran oportunidad de producir un encuentro sin precedentes con un Perú de víctimas sin rostro, cuyas voces han sido negadas una y otra vez en la historia. Tenemos la posibilidad de escribir juntos la memoria que legaremos a las generaciones que nos sigan. Esperemos que en esta nueva etapa, la Comisión encuentre el rumbo.
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