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Liliana Panizo Muñiz*
Son evidentes, cada día con mayor claridad, los grandes retos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) tiene por delante. Una reciente encuesta confirma que la abrumadora mayoría de peruanas y peruanos no solo apoya la existencia de la CVR, sino que va mas allá y clama por que se haga justicia frente a las atrocidades cometidas durante los últimos 20 años. Afortunadamente, es sólo una minoría la que pretende descalificar y debilitar el trabajo y búsqueda de verdad, justicia y reconciliación para toda la sociedad peruana. Es posible entonces proponernos un nuevo pacto social que permita a todas y todos los peruanos tener esperanzas sobre el futuro de la Nación.
En este contexto es que nos planteamos muchas preguntas. Particularmente, quienes como miembros de la colectividad de derechos humanos hemos acompañado a numerosas víctimas y denunciado desde un primer momento los abusos cometidos por ambas partes del conflicto, sabemos que los grupos alzados en armas y las fuerzas de orden violaban las mas elementales normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Una de las principales y más importantes preguntas a responder es, sin duda, todo lo ocurrido durante el conflicto armado con relación a las mujeres. La violación y el abuso sexual constituyen prácticas comunes en el desarrollo de conflictos armados. Es una forma de tortura, ejercida impunemente por los actores en conflicto, no sólo en lejanos parajes contra indefensas mujeres, doblemente víctimas, sino también en las ciudades y al interior de dependencias policiales y militares. Sin embargo, es muy poco lo que se ha investigado y sancionado al respecto.
Por muchas razones, que no es el caso analizar en esta nota, los casos de abuso sexual y violación perpetrados por particulares están entre los más difíciles de denunciar y, por supuesto, ganar en un proceso judicial. Pero imaginémonos cómo es cuando los ejecutores son miembros de las fuerzas del orden, donde el espíritu de cuerpo y la solución fácil de "las necesidades" de la tropa, priman. Según el Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional, durante el período de 1985 a 1990, solo 10 miembros de la policía fueron formalmente sancionados y separados de su institución por violación.
En 1992, Robin Kirk, investigadora para la Región Andina de Americas Watch, realizó una investigación documentada de más de 40 casos de abuso sexual y violación, producidos desde 1980. En ella se recogen diversos testimonios y se hace referencia a informes del Departamento de Estado de los EE.UU., que registran esta lesiva actividad como "tan numerosa que este tipo de abuso puede ser considerado como una práctica común, perdonada -o al menos ignorada- por los mandos militares". Igualmente, el Informe de Amnistía Internacional del año 1991 señala que "... las violaciones se han extendido, y es una rutina que acompaña
las incursiones militares en las comunidades campesinas".
Lamentablemente entre estos 10 miembros de la Policía Nacional, no se encuentran quienes cometieron el crimen contra Giorgina Gamboa, producto del cual nacería su hija. Recuerdo claramente cuando entre sollozos, con vergüenza e inocencia, nos relató, hace ya 20 años, lo que ocurrió cuando en una incursión policial se detuvo a sus padres y comenzó para ella un largo camino de sacrificios y soledad.
Tampoco encontraron justicia los hijos y padres de María Guinarita Pisco Pizango, salvajemente torturada, ultrajada y asesinada en enero de 1988, luego de haber sido extraída de su domicilio en Lamas, San Martín.
Estamos en condiciones de afirmar que este tipo de abusos fue una constante. Así lo puede acreditar la menor FMV, quien fue violada en el año 1992 por miembros del ejército peruano en Bellavista, San Martín, cuando apenas tenía 14 años; o Raquel, quien fue violada en reiteradas oportunidades por el mismo oficial del ejército que había detenido y asesinado a su esposo; o Nancy, quien en 1997 fue violada en los calabozos de la DINCOTE por varios efectivos policiales, uno de los cuales fue procesado, pero, ¡oh sorpresa!, la causa fue sobreseída y el acusado quedó en libertad; o, Emilia en 1988; o Ana María en 1993, quien como producto de las torturas perdió a la criatura que estaba gestando; o Nancy en 1992, o...
Volver a escuchar el relato de Giorgina, y en él el de miles de mujeres, nos hace ver lo poco que se ha hecho frente a esta terrible realidad. Por ello, la CVR en su trabajo de esclarecimiento debe dar especial atención a este tema y a su tratamiento, para que la sociedad peruana en su conjunto pida perdón por tantos años de indiferencia frente al dolor de las víctimas, de aquellas que han tenido la valentía de romper el silencio, y también de las que viven silenciosamente la pesadilla de haber sido sometidas a una de las formas más salvajes de tortura. |
