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La Comisión de la verdad ha partido con
el pie forzado. La discrepancia en torno al tema es un lunar serio en el
paso de Valentín Paniagua a Alejandro Toledo. La fría reacción de
Toledo a los siete nombres fue decir que evaluaría. Fernando
Rospigliosi ha ido más lejos al pedir que los flamantes comisionados
pongan sus nombramientos a disposición el 28 de este mes.
Los problemas del toledismo con la comisión son varios. Al parecer el
principal es no haber sido consultados. Pero también hay cosas como la
presencia de la ex fujimorista Beatriz Alva Hart, la ausencia en la
lista de investigadores especializados en corrupción, y quizás también
la inclusión del segundo gobierno de AP en el periodo que será
investigado.
Quien ha salido a romper lanzas por la comisión es Marcial Rubio,
ministro de Educación. Sus argumentos: la comisión fue nombrada por un
gobierno constitucional y es una decisión de Paniagua respaldada por
sus ministros. Por lo tanto no habría nada que ratificar, y en
consecuencia tampoco nada que evaluar frente a la lista de nombres.
Pero la lista no fue propuesta por Paniagua, sino elegida en voto
secreto por los ministros, a partir de unos veintitantos nombres
propuestos en ese consejo. Paniagua democráticamente evitó presentar
una lista propia. De modo que el consejo de ministros, y su presidente,
deben asumir las consecuencias de sus actos.
Alva Hart ha comprendido rápido lo que se viene, y ha planteado que
Toledo tiene derecho a ratificar o renovar, que es una forma de poner el
cargo a disposición. Pero queda una cierta perplejidad sobre qué llevó
a una mayoría de ministros a elegirla. O al honorable ayacuchano
Alberto Morote, otro nombramiento complicado.
La impresión es que luego de haber establecido con éxito más de media
docena de mesas y comisiones, el Ejecutivo no calibró el peso político
inmediato que iba a tener la de la verdad. Quizás también la
desenvuelta habilidad de varias figuras fujimoristas para reciclarse a
toda velocidad desencaminó al gabinete a la hora de decidir.
También el momento es fatal. Cuando jueces, fiscales, congresistas,
jueces militares, y las ONGs llamadas sociedad civil pelean abiertamente
por mantener o imponer sus fueros, la Comisión de la verdad es para
todos ellos un recién llegado incómodo. No sorprende, pues, que pocos
hayan aplaudido y muchos más bien carraspeado.
Sin embargo la comisión tiene personas de real prestigio, empezando por
Salomón Lerner F., su presidente. Además a Toledo le interesa mucho
que la comisión haya sido formada por Paniagua y no por él. Lo que el
próximo gobierno puede hacer es retirar a una o dos personas, y añadir
a unos cuantos investigadores de probada eficacia.
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