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Aunque la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) cuenta
con el apoyo del 86% de la ciudadanía y ha venido realizando un trabajo
sacrificado y valioso a escala nacional, el mismo que fue citado por el
presidente Toledo como uno de los logros de su gestión en su mensaje de
28 de julio, lo cierto es que vive una situación de aguda crisis
presupuestal, al punto que solo cuenta con recursos para continuar su
trabajo 10 días más.
De hecho, varias de las actividades marcadas en su cronograma han debido
ser canceladas o postergadas por falta de fondos, como por ejemplo un
importante trabajo de exhumación en una fosa clandestina ubicada en
Ayacucho. Los comisionados han debido comunicar a los antropólogos y
peritos forenses que no cuentan con recursos para solventar el costo de
dicha operación.
También la tarea fundamental que es la realización de audiencias públicas
y recopilación de testimonios de las víctimas de la violencia podría
detenerse luego de las sesiones realizadas hace pocos días en Tingo María.
La CVR se había fijado la meta de recopilar 12,000 testimonios, de los
cuales cuenta ya con 9,000. Pero los 3,000 restantes requieren de un
trabajo de logística y seguridad que actualmente no se encuentra en
condiciones de afrontar.
Si la crisis no se soluciona, el trabajo que se realiza en las 10 oficinas
zonales abiertas por la Comisión de la Verdad en todo el país tendría
que paralizarse. Lo grave del caso es que la CVR cuenta con un plazo
determinado para concluir la fase de recopilación de testimonios y pasar
a la etapa de redacción de su informe final, para lo cual solo tiene 23
meses improrrogables. Puede medirse entonces el daño causado por este
retardo.
La Comisión de la Verdad no tendría por qué pasar por estas
estrecheces. Según ha trascendido, sus miembros llegaron a un acuerdo con
la Cooperación Internacional óen su mayor parte europeaó, la cual se
comprometió a financiar el 40% del presupuesto requerido por la CVR a
cambio de que el gobierno cubriera el 60% restante. Sin embargo, y pese a
que los países europeos cumplieron con su parte, el gobierno peruano
incumple con liberar las contrapartidas que se comprometió en aportar.
El gobierno había ofrecido entregar una partida de US $ 12.7 millones, la
misma que sería aportada por el Fedadoi (Fondo Especial de Administración
de los Fondos Obtenidos Ilícitamente), pero de este total solo ha
aportado US $ 1.5 millones. Por su parte, la Cooperación Internacional ha
aportado hasta ahora US $ 4.5 millones. De no contarse en lo inmediato con
US $ 3.3 millones todas las labores de la CVR quedarán paralizadas, según
declaraciones de la comisionada Sofía Macher, ex secretaria ejecutiva de
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
La situación que se vive en el interior de la Comisión es insostenible.
No es posible que a la carga de tensiones de un trabajo abrumador por el
desgaste que significa escuchar la sucesión de testimonios de los
horrores acaecidos durante la guerra interna, los comisionados deban sumar
una preocupación suplementaria ligada a la continuidad de su trabajo.
Pero la situación ha llegado a un punto límite, y el presidente de la
CVR, el doctor Salomón Lerner Febres, ha enviado un documento a Palacio
en el que solicita una reunión de emergencia con el presidente Toledo.
Sería importante que ésta se realizara con participación del doctor
Javier Silva Ruete, titular del MEF y poseedor como tal de la llave de la
caja fiscal.
Queremos desde aquí renovar una vez más nuestro apoyo a la Comisión de
la Verdad y exigir al Poder Ejecutivo la solución de este impasse. El
trabajo que realizan los comisionados es demasiado importante como para
que quede paralizado por falta de fondos. Tanto el presidente Toledo como
el MEF están en la obligación de girar las contrapartidas necesarias y
así permitir la continuación de una labor fundamental para el destino
del país, sin la cual no se podrá dar vuelta a la página siniestra de
la guerra interna y reconciliar a los peruanos.
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