|
Es
positivo que el presidente Alejandro Toledo haya rei terado su apoyo a
la Comisión de la Verdad, aunque preocupa la persistencia de varios
problemas.
Primero,
debe entenderse que el número final de comisionados debe ser producto
de la necesidad funcional de una entidad tan sui géneris como ésta. De
ninguna manera ello puede supeditarse a presiones político-partidarias
ni a eventuales influencias de grupos de interés (como algunas ONG) o
aparentes necesidades de figuración personal.
Se
impone, entonces, tomar todas las previsiones para que no se pierda de
vista el objetivo fundamental de la Comisión de la Verdad: esclarecer
cuáles y por qué se produjeron las violaciones a los derechos humanos
entre 1980 y el año 2000. Ello con miras a restañar las heridas
producto de esos días tan duros en la historia del país, de modo que
se logre la necesaria reconciliación nacional.
Por
ello, el perfíl cívico y democrático de los comisionados tiene que
sustentarse en su trayectoria ética y su probada imparcialidad. De ahí
que no sería procedente que se convierta en comisionados a
personalidades respetables que se enmarcan más bien dentro del segmento
de quienes han tenido la importante función de denunciantes, como en el
caso de aquellas ONG especializadas en temas de derechos humanos. Sin
embargo, su participación debería darse en las instancias de apoyo técnico
a la Comisión de la Verdad, en el esfuerzo del esclarecimiento de los
hechos.
Equitativamente,
sería también oportuno que este apoyo técnico sea también brindado
por los militares, cuyas procuradurías internas son las únicas que
tienen acceso real a los archivos de lo que oficialmente ocurrió.
A la
luz de estas consideraciones, es fundamental tener siempre presente que
el objetivo medular de la Comisión de la Verdad es reducir la tensión
social generada alrededor de los graves hechos ocurridos en las dos últimas
décadas. Sólo así será factible lograr la reconciliación entre los
peruanos.
|
