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Javier Diez Canseco
El ex presidente Alan
García -quien gobernó al país entre 1985 y 1990, y parece querer
hacerlo en el 2006 o antes- ha pretendido cuestionar públicamente la
labor y metodología de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
En una entrevista concedida al El Comercio, García ha señalado que las
violaciones de los derechos humanos -\«si es que ocurrieron\», dice-
fueron a espaldas de su gobierno. También afirma que la Comisión de la
Verdad no se ajusta al orden cronológico de los hechos, pues se habría
salteado al ex presidente Fernando Belaunde. Y, finalmente, suelta que
la Comisión de la Verdad se halla ideologizada.
A través de estas y otras afirmaciones, García ha pretendido minimizar
la vital significación que esta investigación tiene para el país y
quitarle a la Comisión, la autoridad moral para que investigue. García
no reconoce heridas abiertas, ni problemas pendientes. No habría
aprendido nada en materia de derechos humanos, luego de su criticada
gestión gubernamental.
Las declaraciones de García sobre la Comisión de la Verdad y
Reconciliación contradicen la declaración pública que firmó el 9 de
marzo del 2001, junto a Toledo. En ella, se comprometió a reconocer la
\«vital importancia\» que tiene el funcionamiento de la Comisión de
la Verdad en el Perú, y la urgencia de otorgarle las medidas necesarias
para su buen funcionamiento.
Los responsables estatales de graves violaciones de los derechos
humanos, en los últimos 20 años de violencia política, no han sido
investigados, ni sancionados.
Desde 1980, miles de ciudadanos fueron injustamente detenidos y
desaparecidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente.
Sin embargo, hay que separar la paja del trigo. La actitud de estos ex
mandatarios respecto a violaciones de derechos humanos ha sido distinta.
El Arquitecto Belaunde no se ha pronunciado en contra de los
comisionados. Es más, Belaunde -por motu proprio- decidió por Decreto
Supremo formar una Comisión Investigadora para esclarecer lo sucedido
en la matanza de Uchuraccay. Ello reveló una actitud de transparencia y
no encubrimiento en su accionar. Fujimori -coludido con Montesinos- violó
sistemáticamente los derechos humanos en el Perú, impidiendo en todo
momento investigar. Pero, según el último informe de la Defensoría,
las denuncias por violaciones de derechos humanos aumentaron en el
gobierno de García y disminuyeron en el de Fujimori, porque con el último
los asesinatos fueron selectivos y contaron con un escuadrón de la
muerte llamado Colina.
El proceso por el cual el militarismo se recompuso en el Perú -después
del gobierno militar y de la constituyente de 1978- se relaciona con el
lanzamiento del accionar terrorista de Sendero Luminoso, pero también
con una política contrasubversiva estatal.
Esta política contrasubversiva militarizó la sociedad y la política
en el Perú.
Fue cediendo el control político de zonas a los militares a través de
los comandos político-militares, marginando a las autoridades civiles,
imponiendo al inicio una política de represión indiscriminada, con un
pésimo trabajo de inteligencia. Paralelamente a ello, la pérdida del
rol del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del
Pueblo y la prensa permitieron que estos comandos actúen con total
impunidad.
Durante el régimen de García esta situación se desarrolló al punto
que su gobierno terminó con una amenaza de golpe de Estado, concretado
con el autogolpe de Fujimori de 1992.
García tiene responsabilidad directa por las violaciones de los
derechos humanos ocurridos durante su gobierno como veremos. En segundo
lugar, tiene una responsabilidad política como jefe de Estado por el
brutal deterioro del régimen democrático y una conducción económica
atroz que condujo a una hiperinflación y un enorme malestar social.
En tercer lugar, García tiene responsabilidad porque la corrupción
ocurrida en su período privó de fuerza ética y moral al Estado. Y,
porque terminó apoyando la impunidad militar. El ex presidente,
buscando estabilidad para su gobierno, se alía con los militares,
acrecentando su poder político. Prueba de ello, es la existencia del
Comando Rodrigo Franco y los grupos paramilitares que después derivarían
en el grupo Colina. Además, García presionó sobre el Congreso de
entonces para evitar que las Comisiones Investigadoras esclarezcan los
hechos y por proteger a los culpables castrenses evitando que sean
sancionados con justicia.
Alan García no entiende que es imposible una reconciliación nacional
si antes no se conocen los hechos. Otras experiencias latinoamericanas
nos enseñan que el proceso encaramiento de estos fenómenos requiere un
proceso de reconciliación nacional basado en la verdad y la justicia.
En esos países, las investigaciones sobre violaciones de los derechos
humanos de este tipo se están efectuando después de 20 ó 25 años. El
Perú tiene una situación excepcional en este terreno -a diferencia de
otros países- porque las investigaciones realizadas por la Comisión de
la Verdad aquí se realizan paralelamente a un Poder Judicial con
facultad de procesar los casos imprescriptibles, como los delitos de
lesa humanidad. Además, en el Perú, la Ley de Amnistía ha sido
declarada inaplicable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
el Congreso Nacional. A la vez, funcionan en el Congreso, Comisiones
Investigadoras con facultad para investigar este tipo de hechos. (Sigue)
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