El Comercio

Miguel Jugo Viera, Director Ejecutivo de APRODEH
(14 de agosto del 2003)

CVR: No a la impunidad


La Comisión de la Verdad y Reconciliación es una demanda de la democracia. En las movilizaciones del 2000 los jóvenes y los trabajadores pedían a viva voz el juzgamiento de Fujimori y Montesinos por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Esta exigencia fue canalizada por el gobierno de transición con la creación de esta institución.

La Comisión de la Verdad fue antecedida en el mundo por otras veinticuatro comisiones similares. Todas buscaron responder a las necesidades de la transición democrática, combatir la impunidad y hacer un balance del comportamiento de las diferentes instituciones tanto estatales como de la sociedad civil frente al fenómeno de la violencia.

Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador y Sudáfrica, entre otros países, han pasado por la experiencia de comisiones extrajudiciales de investigación que se han guiado por los principios de verdad, justicia, reparación y han presentado recomendaciones para que no se repita la violencia.

En nuestro país hay varias historias de "borrón y cuenta nueva". El último intento, y uno de los más graves en Latinoamérica, fue la amnistía concedida por Fujimori y Montesinos a los miembros del grupo Colina. Estos fueron condenados a 25 años de prisión, pero lograron su libertad luego de ocho meses de encierro dorado.

Quienes hoy atacan a la Comisión de la Verdad fueron quienes en su momento apoyaron esa medida. Pretenden que la protección de los institutos armados pase por la impunidad de quienes han cometido graves crímenes y violaciones a los derechos humanos.

Uno de los casos más escandalosos es el de Telmo Hurtado, quien cuando era subteniente del Ejército asesinó en 1985 a 69 campesinos en la localidad de Accomarca. Entre las víctimas había niños, cuyo homicidio pretendió justificar ante una comisión del Congreso bajo el argumento de que cuando crecieran estos se volverían terroristas. A pesar de esto continuó en la carrera militar y llegó hasta el grado de comandante. Recién el año 2000 fue puesto a disponibilidad. ¿Era o no necesario que por la salubridad del Ejército ese personaje no siguiera en sus filas? La misma aversión que nos provocan los crímenes de Sendero Luminoso o el MRTA frente a indefensos campesinos nos deben provocar los actos cometidos por los efectivos del Estado.

Esta actitud generó que el estado no reconozca sus errores y no se ocupe de atender por ejemplo el tema de los desaparecidos. En el Perú, existen mas de 6.000 personas detenidas y desaparecidas, en el marco de la violencia política; en los últimos años las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó al Gobierno Peruano que en más de 90 casos se abocara a la investigación y búsqueda de estas personas. Existen similares resoluciones sobre diversos otros temas vinculados a las violaciones de los derechos fundamentales.

Actualmente en la Argentina y en Chile hay procesos de investigación y sanción a responsables de crímenes a los derechos humanos. "La justicia tarda pero llega", dirán algunos, nosotros creemos que el país debe aprovechar esta oportunidad del informe de la Comisión de la Verdad para comenzar a exorcizar los demonios de la impunidad y la injusticia en nuestro país, y emprender un camino hacia la verdadera democracia y entendimiento entre todos los peruanos. Basta ya de crítica injusta y de cálculos de corto plazo, el país requiere un nunca más a los crímenes y a la violencia.

MIGUEL JUGO VIERA Director Ejecutivo Aprodeh

 


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