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El 3 de noviembre de 1991
se perpetró en Barrios Altos uno de los más atroces crímenes
colectivos del período de la guerra interna: un comando encapuchado y
portando armas automáticas provistas de silenciadores irrumpió en un
local donde se realizaba una pollada, disparando a mansalva contra los
asistentes, con el resultado de 15 personas muertas y otras cuatro
gravemente heridas.
Esta masacre colectiva causó una terrible conmoción a la ciudadanía,
pues sus características la hacía difícilmente comparable a otras. El
porte militar de los asesinos y la total impunidad con la que actuaron
hacían muy difícil que se tratara de elementos de alguno de los dos
grupos terroristas identificados en el país.
Así lo señalamos: "Por eso la sospecha más consistente en torno
a este crimen colectivo se encuentra ligada a la actuación de grupos
paramilitares, ¿son los mismos que se dedican a asesinar por medio de
sobres-bomba u otros mejor pertrechados? No lo sabemos. Pero creemos que
las investigaciones del caso deben dirigirse hacia las personas o
instituciones que pueden disponer de silenciadores". (LR, 6/11/
91).
Hoy se sabe que los autores de la masacre pertenecían al grupo
paramilitar Colina, que encontraba al mando de Santiago Martin Rivas y
Carlos Pichilingue Guevara, grupo conformado especialmente para
dedicarse a estas tareas por Vladimiro Montesinos, con conocimiento de
Alberto Fujimori y la cúpula castrense.
Es más, los documentos desclasificados hace poco por la CIA no dejan
lugar a dudas respecto de que el grupo paramilitar fue conformado en
1990, y que se constituyó con la finalidad de responder a los
subversivos en idéntica forma, olvidándose de que el Estado no puede
encanallarse empleando igual violencia a la que ejercen los grupos
violentistas.
En años siguientes y conforme las investigaciones sobre la guerra sucia
avanzaron, se logró la identificación de los miembros de Colina y
testimonios directos respecto de la participación de alguien como
Santiago Martin Rivas en este episodio sangriento y otros, como el
crimen de los universitarios de La Cantuta.
Sin embargo en 1995 el fujimorismo protegió a los asesinos mediante una
escandalosa ley de amnistía en la cual se les mezcló intencionalmente
con gente honesta, como el caso de los oficiales constitucionalistas que
intentaron dar un contragolpe contra la dictadura de AFF. Y cuando
jueces honestos se negaron a aplicar la amnistía, se la ratificó de
modo vergonzoso.
Pero el crimen rara vez queda impune, aun cuando cuente con el manto
protector de un gobierno corrupto, y es así que un fallo de la Corte de
San José declaró "nula y sin efectos" la ley de amnistía,
demandando que se abra proceso a los autores de este crimen. Como el Perú
hace más de un año volvió a acatar los fallos de la Corte de San José,
se ha procedido a la recaptura y juzgamiento de los miembros de Colina.
Por desgracia no todos se encuentran tras las rejas: Santiago Martin
Rivas se las ha arreglado para burlar hasta hoy a la justicia,
seguramente amparado por personas temerosas de que este "hombre que
sabe demasiado" pueda hablar. Por ello resulta más simple camuflar
su identidad que confrontarlo con testigos y cómplices.
En el marco del proceso abierto a los de Colina, la jueza Victoria Sánchez
ordenó efectuar una reconstrucción de los hechos, reconstrucción a la
que asistieron los sobrevivientes, los familiares de las víctimas e
incluso miembros del personal policial de una estación cercana.
Sin embargo, ha llamado poderosamente la atención que esta reconstrucción
se haya hecho sin la participación de los autores del crimen, pese a
que varios de ellos se encuentran capturados. Esta anomalía ha sido
apelada por el procurador para Derechos Humanos Ronald Gamarra, quedando
en manos de la Corte Superior decidir sobre ella.
Las razones que se han alegado no nos parecen válidas. Se dice que los
del Grupo Colina podían aprovechar de la reconstrucción para fugar. Se
ha dicho también que los sobrevivientes no desean verlos, pero se sabe
que varios de ellos opinan lo contrario: que enfrentar a sus asesinos
tendría notable valor terapéutico.
Como sea, hay que esperar que la próxima reconstrucción sea con los
acusados, que las fuerzas del orden pongan mayor interés en capturar al
fugitivo Santiago Martin Rivas y, lo último pero no lo menor, que el
Estado siga adelante con su política de cumplir con la reparación económica
ordenada por la Corte de San José.
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