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Es inminente que el presidente Toledo haga pública la posición del
gobierno sobre el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Asumiendo que reconocerá los resultados de la investigación realizada
por la CVR, lo importante ahora es definir qué hacer para adelante.
Algunas ideas al respecto.
En primer lugar, el debate no debiera empantanarse en el tema de las
compensaciones económicas. Son importantes y debe resarcirse a las víctimas
por los daños sufridos, pero los recursos del Estado son limitados y
estas deberán dosificarse estableciendo prioridades. Pero, por sobre
todo, es necesario extender el reconocimiento a las víctimas. Sería
deseable un gesto oficial, como declarar un duelo nacional por las víctimas
-todas- de la violencia.
En segundo lugar, el Estado debe comprometerse a llegar a aquellos
espacios donde su ausencia hizo posible el crecimiento de la exclusión
y luego la violencia. No solo instalar puestos de la guardia civil. Por
sobre todo el Estado debe ser garante de los derechos de los ciudadanos
y de su seguridad, promotor del desarrollo y prestador de los servicios
básicos, entre los cuales son fundamentales la salud y la educación.
Las compensaciones colectivas debieran empezar a pagar esa deuda social
largamente acumulada por la sociedad peruana.
En tercer lugar, el Estado debe continuar la tarea de identificación
de las víctimas emprendida por la CVR. Se conocen datos completos de
cerca de 30 mil, pero hay alrededor de 40 mil no individualizadas. La
extensión de la presencia del estado debiera permitir afrontar esta
tarea imprescindible, extendiendo a sus familiares los documentos
personales que les permitan solucionar los problemas legales derivados
del no reconocimiento de sus deudos.
Finalmente, las reparaciones no debieran ser solo del Estado sino de
toda la sociedad peruana. El Estado tiene la mayor responsabilidad pero
la sociedad civil tiene también una deuda muy grande, principalmente
por omisión. La despreocupación por lo que sucedía en el interior
hasta que la guerra llegó a Lima, mucho más cuando las víctimas eran
indígenas, permitió la impunidad en las primeras violaciones de los
derechos humanos y esto permitió que estas se volvieran masivas. Todas
las instituciones -escuelas, universidades, gremios empresariales y de
trabajadores, prensa, partidos, etc.- podrían imaginar formas creativas
de reparación simbólica que hagan sentir a las víctimas y sus
familiares que no están solas. Iniciativas tan concretas como asegurar
una Feliz Navidad a los niños de la guerra están a nuestro alcance.
Sería muy importante para ellos que las abordáramos, y también para
nosotros: nos permitiría reafirmar prácticamente que somos una
comunidad nacional y que lo que le sucede a un peruano es una ofensa que
nos infligen a todos.
Nelson Manrique Sociologo
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