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No debemos confundir la subsanación del error con un debilitamiento de
la democracia. Se trata de vivirla a plenitud
Entre las tareas pendientes y de mayor urgencia para el proceso de
reconstrucción democrática en el Perú, se encuentra la aprobación de
una nueva legislación antiterrorista. La demora solo contribuye a que se
sigan acumulando problemas por reclamos de quienes fueron sentenciados
bajo la normatividad todavía vigente desde 1992. Son por todos conocidos
los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, señalando su incompatibilidad con la Convención
Americana de Derechos Humanos, así como la obligación del Estado Peruano
de sustituir esas normas por una legislación acorde con esta convención.
Mientras tanto, se menciona en forma recurrente
este tema con mayor o menor rigurosidad y se elaboran hipótesis que
terminan atemorizando a la población con el pronóstico de una inminente
liberación de los miles de sentenciados que hoy purgan condena por los
delitos de terrorismo y traición a la patria.Al margen de tales
alarmismos, no puede soslayarse el hecho de que la actual legislación
antiterrorista resulta en varios aspectos contraria a los principios y
garantías que el debido proceso exige en toda sociedad democrática. Quizá
esta afirmación sorprenda a algunos, aquellos que no estaban al tanto de
las advertencias hechas en el pasado, cuando distintos organismos
nacionales o internacionales de derechos humanos pusieron en evidencia la
necesidad de modificar la legislación. Por el contrario, con total
ligereza y hasta irresponsabilidad, la citada legislación fue aplicada
pasando por encima de tales garantías en aras de un pretendido
pragmatismo.
El camino recorrido desde entonces no pudo ser otro
que el de desdeñar primero las recomendaciones de la CIDH para, años más
tarde, optar por el desconocimiento unilateral de la competencia
contenciosa de la corte interamericana. De esa manera, el Gobierno no solo
se apartó de sus compromisos ante la comunidad internacional sino que
excluyó a todos los peruanos del sistema de protección internacional de
derechos humanos que desde fines de la década de los 70 alcanza a los
pueblos de esta parte del mundo.Había pues que enderezar las cosas y
desandar el camino equivocado. Bien hicieron los gobiernos del presidente
Paniagua y el actual del presidente Toledo en rectificar el error al
reinsertarnos plenamente en el sistema interamericano, resolviendo
progresivamente los conflictos que el Estado mantenía pendientes ante la
comisión y la corte. En tal sentido, quienes perdiendo la perspectiva
afirman que en esta dirección podemos terminar complicando la lucha
contra el terrorismo, olvidan que no es hoy cuando se ha iniciado el
problema sino que fue sembrado mucho antes y se trata ahora más bien de
remediarlo.
Se encuentran pendientes de debate y aprobación en
el Congreso algunas iniciativas orientadas a derogar la cuestionada
legislación. Pero cuidado con equivocarnos nuevamente, y en ese sentido
se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo respecto de los contenidos de
uno de los proyectos. Es, sin embargo, urgente culminar esta tarea a fin
de que la magistratura cuente con herramientas útiles para atender los
requerimientos que puedan tener lugar a propósito de las solicitudes de
revisión de casos.No debemos confundir la subsanación del error con un
debilitamiento de la democracia. Se trata de vivirla a plenitud y con
todos sus alcances y consecuencias. Solo de esa manera lograremos hacerla
sólida y capaz de ofrecer soluciones eficaces y duraderas, aquellas que
nos permitan impedir que alguien pueda, otra vez, pretender instaurar el
terror en el Perú.
WALTER ALBÁN
Defensor del pueblo
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