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Por SALOMÓN LERNER FEBRES
Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
En el examen del período de violencia vivido en el Perú, es ineludible hacer una reflexión sobre la manera en que se condujeron las instituciones encargadas de administrar justicia. Sabemos que estas afrontaron un duro desafío y que, en ese trance, muchos magistrados honestos y valientes fueron blanco del terrorismo. Sabemos también que era indispensable la acción enérgica de las instituciones responsables de defender el Estado de derecho. Al mismo tiempo, por desgracia, es claro que en ese empeño se cayó en la tentación de emplear procedimientos reñidos, precisamente, con la democracia que se debía defender. Para lograr una sociedad democrática debemos, también, evaluar esa parte de nuestro pasado.
¿Qué defienden las democracias? Esta preocupación no debe ser confundida con una petición de indulgencia frente a actos terroristas que causaron gran sufrimiento a la población. Toda actividad que amenace nuestros derechos y nuestra paz merece un rechazo sin reservas. Todo Estado democrático debe actuar en defensa de sus ciudadanos. Y, sin embargo, es necesario entender que al defenderse las democracias deben cautelar una cierta forma de vida, un régimen de convivencia en el que el respeto a las libertades y la dignidad de las personas esté garantizado.
El reto de la justicia en una democracia es, pues, muy delicado. La reciente audiencia organizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre el tema y la subsiguiente reflexión promovida en nuestro espacio de Diálogo Ciudadano -donde por primera vez se han reunido representantes del Estado y las organizaciones sociales involucrados en este tema- han ilustrado de qué modo no superamos ese reto. En el Perú se instauró un marco jurídico divorciado de principios básicos como el de la legalidad, que prohíbe la implantación de leyes que impliquen la violación de derechos humanos. También se impuso formas de procedimiento judicial que vedaban a los acusados el ejercicio de su derecho al debido proceso y, dentro de él, su derecho a la defensa. Una justicia expeditiva terminó por dejar amplio margen para la arbitrariedad y el error. Una negación de la justicia. En el Perú, pues, se tergiversó la idea de la justicia. Esta no es un valor puramente abstracto o ideal; ella vive y encarna en su aplicación práctica, es decir, en el desempeño de quienes ejercen la tarea de juzgar. Ahora bien, quien juzga no es un sujeto únicamente orientado a producir una sentencia. Su materia y su misión son más complejas. El que juzga pondera alegatos, hechos y circunstancias, aprecia argumentos e informaciones, valora pruebas e indicios, busca nexos lógicos entre los retazos de evidencia acopiados; en suma, quien juzga, antes que condenar, quiere llegar a la verdad, una verdad que solo emana de la recta apreciación de los hechos y las circunstancias.
Es imprescindible, pues, rescatar una comprensión más humana de la justicia. Ella no puede consistir en esa maquinaria ciega que ponen en marcha los Estados totalitarios para deshacerse de sus enemigos. Ahora bien, ¿es posible luchar desde la democracia y, por tanto, en un marco de juridicidad, contra quienes buscan, precisamente, derribar la democracia? Es una pregunta difícil de contestar. Pero debemos responder que no solo es posible hacerlo así, sino que esa es la única forma en que una democracia puede defenderse y salvarse.
Nuestro país no supo vencer el reto de defender la democracia en democracia, de defender la ley con el respeto irrestricto a la ley. Es nuestra tarea, ahora, poner nuestra inteligencia y nuestra imaginación al servicio de una búsqueda inaplazable: el camino para defender nuestro Estado de derecho de manera firme siendo fieles a sus principios. Esa búsqueda no significa promover la debilidad ni la impunidad para los violentos, sino recuperar una administración de justicia firme y basada en principios de los que se sienta orgullosa una sociedad democrática como la que estamos construyendo.
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