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La República, 24 de agosto del 2004

Fuero militar pretende otorgar impunidad en caso La Cantuta

Por César Romero.-

En la justicia militar parece que el fujimorismo sigue mandando. El Consejo Supremo de Justicia Militar ratificó una resolución del 18 de agosto de 1994 que absolvió a Vladimiro Montesinos, al excomandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, y al general en retiro Luis Pérez Documet, de los crímenes de la Universidad La Cantuta.

Además, extendió está protección al fuero civil, al señalar que el caso es cosa juzgada por la sentencia de 1994. Los militares pretenden que no se investigue y procese a los mencionados personajes por el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de esa universidad.

La resolución subraya que de acuerdo a lo investigado en 1994, el mayor Santiago Martin Rivas actuó a espaldas del presidente Fujimori y las Fuerzas Armadas. El fuero militar tomó esta decisión al denegar un pedido de la abogada Gloria Cano, defensora de los familiares de las víctimas de La Cantuta, para que se anule el fallo y los implicados sean juzgados en el fuero civil.

El fallo no toma en cuenta las declaraciones de Hermoza Ríos que ante el juez dijo que Montesinos le informó que Fujimori estaba al tanto de lo ocurrido en La Cantuta.


Una intromisión
La resolución es firmada por el presidente del CSJM, contralmirante AP Carlos Mesa Angosto, y los vocales, contralmirante Carlos Chanduvi Salazar y el mayor general FAP Carlos Rojas Salcedo. El fiscal militar Juan Ramos se pronunció en contra.

Gloria Cano anotó que la resolución del CSJM ratifica la grave intromisión que el fuero militar, con el apoyo del fujimorismo, perpetró en la justicia civil, a la que arrebataron la investigación del caso
Cantuta a fin de proteger a Montesinos y Fujimori.

"Vamos a presentar esta resolución a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrar que la justicia militar no es independiente en sus fallos", indicó Cano.

El procurador Ronald Gamarra advirtió que Fujimori intentará utilizar esta resolución a su favor, pues se ratifica la tesis de que el comando Colina actuó a espaldas de los jefes castrenses. Subrayó que la justicia civil debe proseguir con sus investigaciones y denunciar penalmente a Montesinos por los crímenes de La Cantuta.

La conclusión de la CVR
La Comisión de la Verdad y Reconciliación está en condiciones de afirmar que el Estado fue responsable de la violación del derecho a la vida de los 9 estudiantes y del catedrático de la Universidad "Enrique Guzmán y Valle" en julio de 1992. Asimismo, lamenta que de manera sistemática y deliberada se les haya negado a los familiares de las víctimas las garantías judiciales (...) Deplora, además, el uso y manipulación de los poderes del Estado y otros organismos al recurrir, en 1993, al Congreso y al CSJM para promulgar y aplicar leyes inconstitucionales con el fin
de evitar la sanción penal de los responsables de estos crímenes.

Reacciones
Magistrados militares deberán responder penalmente por proteger a Montesinos".
Luis Vargas
Procurador ad hoc

Resolución del fuero militar es nula e ilegal. El caso La Cantuta no es un delito de función".
Ronald Gamarra
Procurador adjunto

 


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