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Con
justicia, el Gobierno Peruano ha iniciado el pago de una reparación a
los deudos de las víctimas de la matanza de Barrios Altos, perpetrada
por un comando paramilitar en noviembre de 1991.
Como
se recordará, tal beneficio debió haber sido concedido por el régimen
fujimorista según un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos -lo que no hizo-, que dispuso que dicha reparación civil debía
ser fijada de común acuerdo entre el Estado, la CIDH y las familias
afectadas.
Como
este dramático caso existen indudablemente muchos otros, producidos
durante la década pasada, en los que hubo transgresión de los derechos
humanos, que esperan igualmente una reparación simbólica.
Pero
siendo de justicia compensar, al menos económicamente a quienes fueron
objeto de la barbarie y la violencia, hay que contemplar que estos
beneficios se ajusten a la disponibilidad de las arcas fiscales que
actualmente no son solventes. Sólo para atender el Caso Barrios Altos,
a las familias de las doce personas asesinadas y los tres sobrevivientes
del vil ataque, se requiere tres millones de dólares.
En
tales circunstancias, se ha sugerido la posibilidad de que estas
obligaciones económicas puedan ser atendidas con los fondos acumulados
en las llamadas cuentas de la corrupción, que han comenzado a ser
repatriadas dentro del proceso judicial entablado por el Estado a
Montesinos y su entorno.
Sin
embargo, habiendo asumido la Comisión de la Verdad el encargo de
investigar las múltiples denuncias sobre la violación de derechos
humanos, lo que corresponde es que cualquier desembolso se realice en
clara concordancia con el esclarecimiento de cada caso. Esto es
necesario para garantizar un manejo responsable de los fondos y atender
efectiva y paulatinamente los requerimientos de los peruanos que, en
muchos casos, lo perdieron todo en los terribles años del terror.
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