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Por FLOR HUILCA
Un labor profesional al
momento de levantar información y exhumar los restos de las fosas
comunes garantizará que se conozca la identidad de las posibles víctimas,
las circunstancias en las que fueron asesinados y los posibles autores,
señalaron representantes de organismos de derechos humanos.
Miguel Jugo, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), dijo que
ante los recientes hallazgos de fosas en distintos puntos del país, es
necesario que la Comisión de la Verdad cuente con plan de exhumaciones
que facilite el esclarecimiento de los hechos.
"Un plan nacional de esta naturaleza permitirá inmovilizar los
hallazgos y poner en salvaguarda la evidencias. Resulta sumamente
perjudicial para las investigaciones que extraños o inexpertos
manipulen esos hallazgos", comentó.
Aseguró que en los próximos meses es posible que continúen las
denuncias sobre hallazgos de fosas comunes dado que las nuevas
condiciones políticas del país han posibilitado que se pierda el miedo
y se denuncien estos hechos. Recordó que la Defensoría del Pueblo
entregó a la Comisión de la Verdad un mapeo de zonas donde
presumiblemente habría fosas.
En el país óafirmóó hay un grupo de profesionales en antropología
forense que tiene el reconocimiento de la comunidad internacional y
participó en la exhumación de restos en casos de crímenes masivos.
Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal (IDL) coincidió con la
importancia de mantener aislados estas áreas donde se conoce que habría
fosas comunes para que los expertos, en base a las evidencias, pueden
determinar la identidad de las víctimas, la forma cómo habrían sido
asesinados y los presuntos responsables.
"Se han vistos casos en que policías, fiscales y periodistas
proceden a recoger las evidencias y manipulan las fosas, eso representa
una terrible desventaja para el trabajo de los antropólogos forenses y
sobre todo para que se conozca la verdad", refirió.
Por ello pidió a las autoridades garantizar la intangibilidad de los
hallazgos hasta que los antropólogos forenses que apoyan a la Comisión
de la Verdad y el Ministerio Público inicien su labor.
"De nada sirve que incluso los familiares intenten sacar los restos
y llevarlo a las autoridades, eso hace que sea imposible recoger la
información necesaria que nos permita conocer cómo sucedieron los
hechos", dijo.
Fiscal de la Nación debe
intervenir
Por MARCO BURGA
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso,
Heriberto Benítez Rivas, demandó a la fiscal de la Nación, Nelly
Calderón Navarro, investigar de oficio la existencia de una fosa común
con los restos de un centenar de comuneros de Putis (Ayacucho), que habrían
sido asesinados en 1984.
El legislador dijo que el descubrimiento de esta fosa demuestra que en
la década del 80 se utilizó una política antisubversiva «escalofriante
y macabra, meramente castrense», y equivocada por que pensaban que
matando a los campesinos iban a acabar con el terrorismo.
«Este tema nos hace recordar la matanza de Socos, Accomarca, Cayara e
incluso la de Uchuraccay, pues en la mayoría de estos casos, con engaños,
hicieron que las víctimas cavaran sus tumbas, luego los acribillan y
enterraban. Y para ocultar los delitos se apoderaban del ganado y
propiedades de los asesinados y las vendían a terceros repartiéndose
el dinero», precisó.
«Esta investigación debe ser realizada también por la Comisión de la
Verdad y Reconciliación que es la que debe presentarnos una radiografia
de lo que pasó en el Perú en los años de violencia política.
Walter Alejos Calderón, vicepresidente de la Comisión de Derechos
Humanos, dijo que de inmediato una comitiva parlamentaria debe
trasladarse a la zona y entrevistarse con testigos, y solicitar que las
autoridades competentes actúen de inmediato para evitar que los restos
sean removidos, lo cual puede anular las pruebas y dejar impune estos
hechos.
El parlamentario electo por Ayacucho dijo que esta es una muestra de la
violencia que vivió este departamento en las dos últimas décadas y
que según los organismos de Derechos Humanos, dejó un aproximado de
120 fosas comunes en la región.
«Según los organismos de DDHH en Ayacucho hubieron un aproximado de
4,600 desaparecidos, de los cuales aproximadamente sólo se ha
descubierto el paradero de la mitad, por lo que es necesario actuar
inmediatamente para que las autoridades investiguen y que el caso también
sea visto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación», dijo.
Asimismo, la legisladora ayacuchana Celina Palomino Sulca, dijo que
lamentablemente este descubrimiento es la prueba fechaciente de la
violación de DDHH que se desarrolló en la década del 80, tanto por
los grupos terroristas y miembros de las fuerzas del orden.
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