|
A los señores Congresistas
A la opinión pública
¿Acaso no sería perjudicial para el país que el Congreso interfiera con la
autonomía del Poder Judicial?
Si el Congreso aprueba una amnistía para quienes intervinieron en el
operativo militar "Chavín de Huántar", impedirá que se investiguen por la
vía judicial los hechos ocurridos luego de la operación y que ya son de
conocimiento público:
a) Diversos testimonios que
coinciden en que hubieron terroristas sobrevivientes.
b) Evidencia forense sobre un mismo patrón compatible con el de ejecuciones
extrajudiciales, hasta en ocho cadáveres de los emerretistas.
c) La concurrencia entre los
testimonios, las trayectorias de impacto de bala y los lugares donde yacían los cuerpos.
También se sabe que, pese a la reiterada solicitud del Fiscal, no se ha
entregado hasta el momento información sobre el plan de operaciones y el
parte de guerra, ni el material de audio y video de la operación. Y se sabe además, que la amnistía no se otorga a las
personas, sino por hechos. Y en los hechos que son materia de investigación judicial
están incluidos los señores Montesinos, Hermosa Ríos y Huamán Azcurra.
¿Se debe confundir el cumplimiento del deber con el acatamiento de órdenes
criminales? ¿Qué efectos tendría para el país que un acto valeroso se
confunda con un asesinato a sangre fría?
Los militares que intervinieron en el develamiento del aberrante secuestro
que perpetró el MRTA, cumplieron su deber. Al hacerlo, devolvieron la tranquilidad al país y obtuvieron el
reconocimiento de toda la ciudadanía y del extranjero. La acción, en la que se perdieron
vidas, fue inobjetable en términos militares y, sin duda, demandó arrojo y coraje de los
militares que intervinieron en ella. Sólo cabe destacar su entrega y su sacrificio.
Pero el proceso que se ha iniciado contra un reducido número de más de un
centenar de comandos que participaron en la operación, es para determinar
si, concluida la exitosa operación militar, hubo elementos que acataron la
orden de ajusticiar a terroristas sobrevivientes, pues no es deber militar
obedecer órdenes indebidas.Y para determinar también si, al término del
combate y cuando algunos terroristas sobrevivientes yacían rendidos, hubo
elementos que les descerrajaron tiros de gracia actuando como vulgares asesinos.
Los proyectos de ley que se han presentado buscan impedir que a través de
un juicio justo se determine si existen responsabilidades penales. Nos piden olvidar que el
acatamiento de órdenes criminales merece sanción. Nos piden olvidar que las ejecuciones
extrajudiciales constituyen un acto punible y no una función militar. Al pretender una
amnistía sin que se haya demostrado la culpabilidad de los procesados en un juicio,
echan, además, un manto de sombra sobre la rectitud de los encausados. El Congreso de
la República tiene la responsabilidad de rechazar esos proyectos de ley y evitar que la
ciudadanía reciba el mensaje de que todavía se interfiere la justicia, de que un acto
criminal y cobarde puede caracterizarse como heroico dependiendo de quien sea la
víctima; y de que los militares no sólo deben cumplir con las funciones que les
encomienda la Constitución, sino que están facultados a hacer cualquier otra cosa.
¿Acaso no tendría un impacto devastador decirle a los peruanos y al mundo
que todo lo actuado fue un error y que le conviene al país volver al pasado
antidemocrático?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido en la
sentencia dictada en el caso Barrios Altos, que: "son inadmisibles las disposiciones de amnistía ?que
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves
de derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias", ya que el hacerlo "constituye per se una violación (de la Convención
Americana) y genera responsabilidad del Estado".
La búsqueda de impunidad determinó muchos de los actos de gobierno durante
la década de los 90. Ese afán no sólo destruyó las instituciones democráticas del país sino que nos
distanció de la comunidad internacional. La transición democrática abrió la posibilidad de
restablecer la fe en la justicia, inició la lenta reconstrucción de las instituciones
democráticas observando la independencia de los poderes del Estado y restituyó el
respeto a las obligaciones que hemos contraído internacionalmente. En ese
curso, y con el compromiso de todos, se inició también la búsqueda de la
verdad y la justicia para alcanzar la reconciliación nacional. Las propuestas elevadas al Congreso para aprobar una
nueva ley de impunidad están en abierta contradicción con un proceso de transición a la
democracia que ha traído beneficios para el país.
Señores y señoras congresistas: ustedes tienen en sus manos la
responsabilidad de no desnaturalizar un proceso que tanto sacrificio ha costado a tantos peruanos y en el cual
están cifradas tantas expectativas. Sólo tienen que cumplir con su deber de respetar el
Estado de Derecho.
Lima, 17 de mayo de 2002
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
|
