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Una
de las iniciativas que ha convocado el más amplio consenso entre los
sectores politicos y la sociedad civil ha sido la de instalar una Comisión
de la Verdad.
Por
lo mismo, si de un lado hay que saludar la decisión del gobierno de
transición de propiciar el debate y poner las bases de esta institución,
del otro lado no se entiende por qué debe postergarse hasta agosto su
instalación.
El
proceso de restauración democrática que vivimos exige, como principio
fundamental, que se pongan urgentemente las bases de la reconciliación
nacional, lo que pasa necesariamente por el debido esclarecimiento de lo
sucedido en los últimos años, sobre todo en casos violatorios de los
derechos humanos. Incluso una eventual amnistía tiene como requisito
previo el esclarecimiento de todo aquello que dañó tan profundamente
la peruanidad, a lo largo de las últimas décadas.
Sin
embargo, investigar las causas e identificar a los responsables de estas
violaciones ocurridas entre 1980 y el 2000 constituye una ardua como
delicada tarea, que demanda una gran dosis de objetividad e
imparcialidad.
De ahí
que, como lo hemos dicho reiteradamente, la coyuntura es propicia para
dar la iniciativa en este caso a un gobierno de tránsito y de
intachable independencia, como el que preside el doctor Paniagua. Es el
más indicado para actuar sin esa politización en la que podría
incurrir el próximo, independientemente de cuál sea el signo.
Así
pues, este gobierno debe proceder de inmediato a tomar una decisión de
tanta trascendencia como instalar una Comisión de la Verdad antes del
28 de julio.
Como
lo señalamos previamente en esta columna, la nación debe afrontar el
reto de pasar por este delicado trance -una especie de catarsis y hasta
de exorcismo- para poder avanzar y tender puentes seguros de diálogo,
igualdad de oportunidades y desarrollo institucional dentro del Estado
de derecho.
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