| Excelentísimo señor
Presidente de la República,
señorita presidenta del Consejo de Ministros,
señores ministros de Estado,
señores congresistas,
señor Defensor del Pueblo,
señores altos funcionarios del Estado,
señor jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas,
señores comandantes generales de los institutos de las fuerzas armadas
y Policía Nacional,
señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Perú,
señoras y señores representantes de organizaciones de víctimas,
damas y caballeros:
La historia del Perú registra más de un trance difícil, penoso,
de auténtica postración nacional. Pero, con seguridad, ninguno de
ellos merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza
y el deshonor como el fragmento de historia que estamos obligados
a contar en las páginas del informe que hoy entregamos a la Nación.
Las dos décadas finales del siglo XX son — es forzoso decirlo sin
rodeos — una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad
peruanos.
La exclusión absoluta
Hace dos años, cuando se constituyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
se nos encomendó una tarea vasta y difícil: investigar y hacer pública
la verdad sobre las dos décadas de origen político que se iniciaron
en el Perú en 1980. Al cabo de nuestra labor, podemos exponer esa
verdad con un dato que, aunque es abrumador, resulta al mismo tiempo
insuficiente para entender la magnitud de la tragedia vivida en
nuestro país: la Comisión ha encontrado que la cifra más probable
de víctimas fatales en esos veinte años supera los 69 mil peruanos
y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones
subversivas o por obra de agentes del Estado.
No ha sido fácil ni mucho menos grato llegar a
esa cifra cuya sola enunciación parece absurda. Y sin embargo, ella
es una de las verdades con las que el Perú de hoy tiene que aprender
a vivir si es que verdaderamente desea llegar a ser aquello que
se propuso cuando nació como República: un país de seres humanos
iguales en dignidad, en el que la muerte de cada ciudadano cuenta
como una desventura propia, y en el que cada pérdida humana – si
es resultado de un atropello, un crimen, un abuso – pone en movimiento
las ruedas de la justicia para compensar por el bien perdido y para
sancionar al responsable.
Nada, o casi nada, de eso ocurrió en las décadas de violencia que
se nos pidió investigar. Ni justicia, ni resarcimiento ni sanción.
Peor aún: tampoco ha existido, siquiera, la memoria de lo ocurrido,
lo que nos conduce a creer que vivimos, todavía, en un país en el
que la exclusión es tan absoluta que resulta posible que desaparezcan
decenas de miles de ciudadanos sin que nadie en la sociedad integrada,
en la sociedad de los no excluidos, tome nota de ello.
En efecto, los peruanos solíamos decir, en nuestra
peores previsiones, que la violencia había dejado 35 mil vidas perdidas.
¿Qué cabe decir de nuestra comunidad política, ahora que sabemos
que faltaban 35 mil más de nuestros hermanos sin que nadie los echara
de menos?
Un doble escándalo
Se nos pidió averiguar la verdad sobre la violencia, señor Presidente,
y asumimos esa tarea con seriedad y rigor, sin estridencias, pero,
al mismo tiempo, decididos a no escamotear a nuestros compatriotas
ni una pizca de la historia que tiene derecho a conocer. Así, nos
ha tocado rescatar y apilar uno sobre otro, año por año, los nombres
de decenas de miles de peruanos que estuvieron, que deberían estar
y que ya no están. Y la lista, que entregamos hoy a la Nación, es
demasiado grande como para que en el Perú se siga hablando de errores
o excesos de parte de quienes intervinieron directamente en esos
crímenes. Y la verdad que hemos encontrado es, también, demasiado
estridente y rotunda como para que alguna autoridad o un ciudadano
cualquiera pueda alegar ignorancia en su descargo.
El informe que hoy presentamos expone, pues, un
doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura
masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de
quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron.
Hemos afirmado que el dato numérico es abrumador,
pero insuficiente. Es cierto. Poco explica ese número o cualquier
otro sobre las asimetrías, las responsabilidades y los métodos del
horror vivido por la población peruana. Y poco nos ilustra, también,
sobre la experiencia del sufrimiento que se abatió sobre las víctimas
para no abandonarlas más. En este informe cumplimos con el deber
que se nos impuso y con la obligación que contrajimos voluntariamente:
exponer públicamente la tragedia como una obra de seres humanos
padecida por seres humanos.
Hemos encontrado al cabo de nuestras investigaciones
que de cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas
cuya lengua materna era el quechua. Se trata, como sabemos los peruanos,
de un sector de la población históricamente ignorado por el Estado
y por la sociedad urbana, aquélla que sí disfruta de los beneficios
de nuestra comunidad política.
La Comisión no ha encontrado bases para afirmar,
como alguna vez se ha hecho, que éste fue un conflicto étnico. Pero
sí tiene fundamento para aseverar que estas dos décadas de destrucción
y muerte no habrían sido posibles sin el profundo desprecio a la
población más desposeída del país, evidenciado por miembros del
PCP-Sendero Luminoso y agentes del Estado por igual, ese desprecio
que se encuentra entretejido en cada momento de la vida cotidiana
de los peruanos.
Diecisiete mil testimonios aportados voluntariamente
a la Comisión nos han permitido reconstruir, siquiera en esbozo,
la historia de esas víctimas. Los peruanos han sido testigo de ello
en las audiencias públicas que organizamos en distintas localidades
del país. Los peruanos han sentido, de seguro, el agobio en encontrar
en los testimonios, una y otra vez, el insulto racial, el agravio
verbal a personas humildes, como un abominable estribillo que precede
a la golpiza, la violación sexual, el secuestro del hijo o la hija,
el disparo a quemarropa de parte de algún agente de las fuerzas
armadas o la policía. Nosotros, en el curso de nuestras diligencias,
nos hemos sentido indignados, por otra parte, de oír de los dirigentes
de las organizaciones subversivas explicaciones estratégicas sobre
por qué era oportuno, en cierto recodo de la guerra, reducir por
el terror cuando no aniquilar a ésta o aquélla comunidad campesina.
Mucho se ha escrito sobre la discriminación cultural,
social y económica persistentes en la sociedad peruana. Poco han
hecho las autoridades del Estado o los ciudadanos corrientes para
combatir ese estigma de nuestra comunidad. Este informe muestra
al país y al mundo que es imposible convivir con el desprecio, que
éste es una enfermedad que acarrea daños muy tangibles. Desde hoy,
el nombre de miles de muertos y desaparecidos estará aquí, en estas
páginas, para recordárnoslo.
Responsables
Nuestro informe expone a todo el país la historia de miles de violaciones
de los derechos humanos cometidos en las dos últimas décadas, crímenes
de lesa humanidad practicados contra la sociedad y el Estado peruanos
por las organizaciones subversivas o desde el Estado peruano por
miembros de las fuerzas de seguridad.
Es cierto que esos crímenes, abusos y atropellos
no se dieron en el vacío, sino en una sociedad desde antiguo mal
habituada a la violencia contra los más débiles. Sin embargo – queremos
afirmarlo con rotundidad – nadie se debe escudar en los defectos
de nuestra sociedad ni en los rigores de nuestra historia para evadir
sus responsabilidades.
Es verdad — y esa es una lección mayor de este
informe — que existe una culpa general, la culpa de la omisión,
que involucra a todos los que dejamos hacer sin preguntar en los
años de la violencia. Somos los primeros en señalarlo así. Pero
al mismo tiempo advertimos que existen responsabilidades concretas
que afrontar y que el Perú — como toda sociedad que haya vivido
una experiencia como ésta — no puede permitir la impunidad. La impunidad
es incompatible con la dignidad de toda nación democrática.
La Comisión ha encontrado numerosos responsables
de crímenes y violaciones de los derechos humanos e – informamos
de ello a la Nación – así lo estamos haciendo saber a las autoridades
pertinentes, respetando siempre los requisitos y restricciones que
señala la ley peruana para imputar un delito. La Comisión exige,
y alienta a la sociedad peruana a exigir, que la justicia penal
actúe de inmediato, sin espíritu de venganza, pero con energía y
sin vacilaciones.
Sin embargo, este informe va, en realidad, más
allá del señalamiento de responsabilidades particulares. Hemos encontrado
que los crímenes cometidos contra la población peruana no fueron,
por desgracia, atropellos de ciertos sujetos perversos que se apartaban,
así, de las normas de sus organizaciones. Nuestras investigaciones
de campo, sumadas a los testimonios ya mencionados y un meticuloso
análisis documental, nos obligan a denunciar en términos categóricos
la perpetración masiva de crímenes coordinados o previstos por las
organizaciones o instituciones que intervinieron directamente en
el conflicto.
Mostramos en estas páginas de qué manera la aniquilación
de colectividades o el arrasamiento de ciertas aldeas estuvo previsto
en la estrategia del PCP-Sendero Luminoso. Junto con ello, el cautiverio
de poblaciones indefensas, el maltrato sistemático, el asesinato
como forma de impartir ejemplos e infundir temor conformaron una
metodología del horror puesta en práctica al servicio de un objetivo
— el poder — considerado superior al ser humano.
El triunfo de la razón estratégica, la voluntad
de destrucción por encima de todo derecho elemental de las personas,
fue la sentencia de muerte para miles de ciudadanos del Perú. Esta
voluntad la hemos encontrado enraizada en la doctrina del PCP-Sendero
Luminoso, indistinguible de la naturaleza misma de la organización
en esos veinte años. Nos hemos topado con aquella razón estratégica
en las declaraciones de los representantes de la organización, que
transparentan una disposición manifiesta a administrar la muerte
y aun la crueldad más extrema como herramientas para la consecución
de sus objetivos. Por su carácter inherentemente criminal y totalitario,
despectivo de todo principio humanitario, el PCP-Sendero Luminoso
es una organización que, en cuanto tal, no puede tener cabida en
una nación democrática y civilizada como la que deseamos construir
los peruanos.
El Estado
Frente a un desafío tan desmesurado, era deber del Estado y sus
agentes defender a la población — su fin supremo — con las armas
de la ley. Debe quedar claro que el orden que respaldan y reclaman
los pueblos democráticos no es el de los campos de concentración,
sino aquél que asegura el derecho a la vida y la dignidad de todos.
No lo entendieron así los encargados de defender ese orden. En el
curso de nuestras investigaciones, y teniendo a mano las normas
de derecho internacional que regulan la vida civilizada de las naciones,
hemos llegado a la convicción de que, en ciertos periodos y lugares,
las fuerzas armadas incurrieron en una práctica sistemática o generalizada
de violaciones de derechos humanos y que existen fundamentos para
señalar la comisión de delitos de lesa humanidad, así como infracciones
al derecho internacional humanitario.
Como peruanos, nos sentimos abochornados por decir
esto, pero es la verdad y tenemos la obligación de hacerla conocer.
Durante años, las fuerzas del orden olvidaron que ese orden tiene
como fin supremo a la persona y adoptaron una estrategia de atropello
masivo de los derechos de los peruanos, incluyendo el derecho a
la vida. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas,
masacres, violencia sexual contra las mujeres y otros delitos igualmente
condenables conforman, por su carácter recurrente y por su amplia
difusión, un patrón de violaciones de los derechos humanos que el
Estado peruano y sus agentes deben reconocer para subsanar.
Tanta muerte y tanto sufrimiento no se pueden acumular
simplemente por el funcionamiento ciego de una institución o de
una organización. Se necesita, como complemento, la complicidad
o al menos la anuencia de quienes tienen autoridad y por lo tanto
facultades para evitar una desgracia. La clase política que gobernó
o tuvo alguna cuota de poder oficial en aquellos años tiene grandes
explicaciones que dar al Perú. Hemos reconstruido esta historia
y hemos llegado al convencimiento de que ella no hubiera sido tan
grave si no fuera por la indeferencia, la pasividad o la simple
ineptitud de quienes entonces ocuparon los más altos cargos públicos.
Este informe señala, pues, las responsabilidades de esa clase política
que, debemos recordarlo, no ha realizado todavía una debida asunción
de sus culpas en la desgracia de los compatriotas a los que quisieron,
y tal vez quieran todavía, gobernar.
Es penoso, pero cierto: quienes pidieron el voto
de los ciudadanos del Perú para tener el honor de dirigir nuestro
Estado y nuestra democracia; quienes juraron hacer cumplir la Constitución
que los peruanos se habían dado a sí mismos en ejercicio de su libertad,
optaron con demasiada facilidad por ceder a las fuerzas armadas
esas facultades que la Nación les había dado. Quedaron, de este
modo, bajo tutela las instituciones de la recién ganada democracia;
se alimentó la impresión de que los principios constitucionales
eran ideales nobles pero inadecuados para gobernar a un pueblo al
que –en el fondo– se menospreciaba al punto de ignorar su clamor,
reiterando la vieja práctica de relegar sus memoriales al lugar
al que se ha relegado, a lo largo de nuestra historia, la voz de
los humildes: el olvido.
* * * * *
En un país como el nuestro, combatir el olvido
es una forma poderosa de hacer justicia. Estamos convencidos de
que el rescate de la verdad sobre el pasado – incluso de una verdad
tan dura, tan difícil de sobrellevar como la que nos fue encomendado
buscar – es una forma de acercarnos más a ese ideal de democracia
que los peruanos proclamamos con tanta vehemencia y practicamos
con tanta inconstancia.
En el momento en que la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue
instituida, el Perú asistía, una vez más, a un intento entusiasta
de recuperar la democracia perdida. Y sin embargo, para que ese
entusiasmo tenga fundamento y horizonte, creemos indispensable recordar
que la democracia no se había perdido por sí sola. La democracia
fue abandonada poco a poco por quienes no supimos defenderla. Una
democracia que no se ejerce con cotidiana terquedad pierde la lealtad
de sus ciudadanos y cae sin lágrimas. En el vacío moral del que
medran las dictaduras las buenas razones se pierden y los conceptos
se invierten, privando al ciudadano de toda orientación ética: la
emergencia excepcional se vuelve normalidad permanente; el abuso
masivo se convierte en exceso; la inocencia acarrea la cárcel; la
muerte – finalmente – se confunde con la paz.
El Perú está en camino, una vez más, de construir
una democracia. Lo está por mérito de quienes se atrevieron a no
creer en la verdad oficial de un régimen dictatorial; de quienes
llamaron a la dictadura, dictadura; a la corrupción, corrupción;
al crimen, crimen. Esos actos de firmeza moral, en las voces de
millones de ciudadanos de a pie, nos demuestran la eficacia de la
verdad. Similar esfuerzo debemos hacer ahora. Si la verdad sirvió
para desnudar el carácter efímero de una autocracia, está llamada
ahora a demostrar su poderío, purificando nuestra República.
Esa purificación es el paso indispensable para
llegar a una sociedad reconciliada consigo misma, con la verdad,
con los derechos de todos y cada uno de sus integrantes. Una sociedad
reconciliada con sus posibilidades.
* * * * *
Señor Presidente:
El informe que presentamos a usted, y por intermedio
suyo a toda la Nación, contiene un serio y responsable esfuerzo
de reflexión colectiva sobre la violencia que vivió el Perú a partir
de mayo de 1980. Se ha elaborado sobre la base de 16,986 testimonios
recogidos en todo el territorio nacional de la boca de miles de
peruanos, hombres y mujeres en su mayoría humildes que nos abrieron
sus puertas y sus corazones, que consintieron en recordar – para
instrucción de sus compatriotas – una verdad que cualquier persona
quisiera olvidar, que tuvieron la valentía de señalar a responsables
de graves crímenes y la entereza de compartir su dolor y, también,
su terca esperanza de ser, algún día, reconocidos como peruanos
por sus propios compatriotas.
Las voces de peruanos anónimos, ignorados, despreciados,
que se encuentran recogidas en estos miles de páginas, deben ser
– son – más altas y más limpias que todas aquellas voces que, desde
la comodidad del poder y del privilegio, se han apresurado a levantarse
en las últimas semanas para negar de antemano, como tantas veces
ha ocurrido en nuestro país, toda credibilidad a sus testimonios
y para cerrar el paso a toda corriente de solidaridad con los humildes.
Creemos, Señor Presidente, que ya no será posible
acallar los testimonios aquí recogidos y puestos a disposición de
la Nación entera. Nadie tiene derecho a ignorarlos y, menos que
nadie, la clase política, aquellos ciudadanos que tienen la aspiración
– legítima, aunque no siempre entendida con rectitud – de ser gobernantes
y por tanto de ser servidores de sus compatriotas, según mandan
los principios de la democracia. Mal harían los hombres y mujeres
políticos, mal haríamos todos, en fingir que esta verdad, que estas
voces, no existen, y en encogernos de hombros ante los mandatos
que surgen de ella: hacer justicia en el doble sentido de dar reparaciones
por los daños sufridos y de imponer castigos justos, no venganzas,
a los culpables, y llevar a cabo las transformaciones de nuestro
Estado y sociedad que impidan que una desgracia como la que vivimos
se pueda repetir.
Asumir las obligaciones morales que emanan de esta
informe – la obligación de hacer justicia y de hacer prevalecer
la verdad, la obligación de cerrar las brechas sociales que fueron
el telón de fondo de la desgracia vivida – es tarea de un estadista,
es decir, de un hombre o una mujer empeñado en gobernar para mejorar
el futuro de sus conciudadanos.
Al hacer a usted, señor Presidente, depositario
de este informe, confiamos en dejarlo en buenas manos. No hacemos,
en todo caso, otra cosa que devolver al Estado, que usted representa,
ya debidamente cumplido el honroso encargo que se nos confió: el
informe final de nuestras investigaciones, en el que se recoge la
verdad y solamente la verdad que hemos sido capaces de averiguar
para conocimiento y reflexión de nuestros conciudadanos.
Señor Presidente,
compatriotas,
amigos:
Empecé afirmando que en este informe se habla de
vergüenza y de deshonra. Debo añadir, sin embargo, que en su páginas
se recoge también el testimonio de numerosos actos de coraje, gestos
de desprendimiento, signos de dignidad intacta que nos demuestran
que el ser humano es esencialmente magnánimo. Ahí se encuentran
quienes no renunciaron a la autoridad y la responsabilidad que sus
vecinos les confiaron; ahí se encuentran quienes desafiaron el abandono
para defender a sus familias convirtiendo en arma sus herramientas
de trabajo; ahí se encuentran quienes pusieron su suerte al lado
de los que sufrían prisión injusta; ahí se encuentran los que asumieron
su deber de defender al país sin traicionar la ley; ahí se encuentran
quienes enfrentaron el desarraigo para defender la vida. Ahí se
encuentran: en el centro de nuestro recuerdo.
Presentamos este informe en homenaje de todos ellos
y de todas ellas. Lo presentamos, además, como un mandato de los
ausentes y de los olvidados a toda la Nación. La historia que aquí
se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos
dejar de ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Esta historia
comienza hoy.
Salomón Lerner Febres
Presidente
Comisión de la Verdad y Reconciliación |
