La República, Lima, 17/1/2005
Peritos confirman muerte por tortura
Tras el hallazgo de cuerpos en Accomarca.

• Cuerpo de Bernabé Calderón García, asesinado en un anexo de Accomarca, muestra indicio de torturas.
• Sus familiares y testigos culpan al teniente EP José Carrasco Urbina, conocido como Teniente Moran.
  Elías Navarro

Nuevamente el hallazgo de un cuerpo en una fosa clandestina en el distrito de Accomarca, provincia de Vilcashuaman, hace honor al nombre de Ayacucho, vocablo quechua que significa "rincón de los muertos". Junto a ese hallazgo la verdad no pudo ser mas dura, implacable: la exhumación del cadáver del campesino Bernabé Baldeón García, a cargo de la fiscalía de derechos humanos, y un equipo forense especializado confirman que fue asesinado salvajemente.
Y actualizan una acusación: la que apunta al teniente EP José Carrasco Urbina, conocido como el "Teniente Moran", entonces jefe de la base contrasubverssiva del Cuartel N 34 de Accomarca , a quien se sindica como auto de numerosos asesinatos a mansalva.
En la diligencia participaron como peritos de parte tres miembros del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), convocados por APRODEH que representa a los familiares. Ellos son: Carmen Ros Cardoza, Melissa Luna y Alain Wittmeann, quienes se encargaron de determinar en el laboratorio las causas de la muerte (por tortura) de Bernabé Baldeón.

TORTURADO Y ASESINADO
Los restos del campesino Bernabé Baldeón García, torturado y asesinado por fuerzas militares del 26 de setiembre de 1990, bajo el mandado del "Teniente Moran, fueron hallados en el cementerio a 300 metros de la plaza de Accomarca.
Fue enterrado encima de otro cadáver a una profundidad de un metro con ochenta centímetros, posiblemente para dificultar su ubicación. El cuerpo completamente desnudo presentaba evidentes signos de haber sido cruelmente torturado, pues las costillas estaban rotas como consecuencia de golpes con objetos contundentes. Tenia puertas un par de zapatillas de color blanco y una gorra de color rojo.
Sus familiares no pudieron contener el llanto en la exhumación de los restos, y clamaron justicia a todo momento. La fiscal de Derechos Humanos de Ayacucho, Cristina del Pilar Olazábal Ochoa, dirigiéndose a ellos indicó que su despacho está a punto de concluir tanto las investigaciones del asesinato de Bernabé Baldeón como la masacre de 69 personas en Accomarca,.
Crispín Baldeón Ylaconza, hijo de la victima, dijo: "Pido que se sancione ejemplarmente a José carrasco Urbina, de apelativo "teniente Moran", quien asesinó de la manera mas atroz e inhumana a su padre."

Una historia de violencia y horror

1. En 1985, el jefe de la Base Militar de Accomarca había impuesto la llamada "cooperación" sobre las 18 comunidades y anexos: tenían la obligación de llevar animales domésticos o productos. Los pobladores que se negaban a "cooperar" recibían una brutal agresión, hasta el asesinato, como le pasó a Baldeón.

2. a las 8 de la mañana del 25 de septiembre de 1990, unos 30 soldados llegaron a Pucapacana-Lambrasniyocc. El presidente de dicha comunidad, Bernabé Baldeón García, se encontraba en su domicilio, cuando 4 soldados irrumpieron. También detuvieron a Santos Baldeón Palacios y Modesto Olarte Peralta.

3. A las tres de la tarde llegaron al anexo de Paccchahuallhua, con unos cien detenido. La mayoría fueron liberados y advertidos que debían "colaborar".

4. Por la noche se sometió a espantosas torturas a santos Baldeón y Jesús Baldeón Zapata, luego fueron asesinados, de ellos nunca más se supo. Bernabé Baldeón fue golpeado con culatas de fusil, puñetes y puntapiés, colgado de los pies en la viga de la iglesia, sumergido en cilindros, uno con agua caliente y otro con agua fría. La tortura duró casi 6 horas. Baldeón, de 68 años murió el 26 de septiembre de 1990.

5. el comunero Pablo Rojas, junto a unos soldados, enterró el cuerpo clandestinamente a metros del cementerio de Accomarca. Su sobrina Aurea Baldeón observó el entierro. Su testimonio ayudó a descubrir el crimen.

La República, Lima, 3/2/2005
Fiscal denuncia a Alan García

La fiscal Cristina del Pilar Olazábal Ochoa denunció al ex presidente de la República Alan García Pérez por delito de omisión impropia en el asesinato-genocidio de 69 campesinos de Accomarca ocurrido el 14 de agosto de 1985, por lo que solicitó al juzgado que ordene el impedimento de salida del país y el embargo de sus bienes.
Olazabal incluyó en la denuncia como presuntos autores intelectuales a César Alejandro Enciso Praelí, Sineseo Jarama Davalí y Wilfredo Mori Orzo. También, denunció a los miembros del estado Mayor Operativo del cuartel Los Cabitos de Ayacucho: Nelson Gonzáles feria, César Gustavo Martínez Uribe Restrepo, Carlos Darío Pastor Delgado Medina y Manuel Enrique Aparicio Saldaña.
Además fueron incluidos José Daniel Williams Zapata, ex mayor de infantería y jefe de Los Linces, quien comandó el rescate de los rehenes en la embajada del Japón y últimamente el de los rehenes en Andahuaylas.
Y como autores materiales del delito de asesinato en masa (genocidio) fueron denunciados: Telmo Hurtado Hurtado.

Correo, Lima, 7/2/2005
APRA: Amenazas contra fiscal son un sicosocial
Para Cabanillas, el gobierno aprendió mañas de Montesinos

Los miembros del Partido Aprista rechazaron ser los autores de algún tipo de amenaza contra la fiscal Cristina Olazábal, quien acusó al ex presidente Alan García Pérez por su presunta responsabilidad en la matanza de Accomarca.
En ese sentido, la presidenta de la Dirección Política del partido, Mercedes Cabanillas, consideró que las supuestas amenazas no son más que parte de un “sicosocial” que pretende desviar la atención de la investigación del caso de la falsificación de firmas de País Posible (hoy Perú Posible).
“El gobierno ha aprendido las mañas de Montesinos y todo lo vuelve culebrón, sabe muy bien hacer sicosociales. Esto aparece justo cuando los escándalos que afectan al señor Toledo están en la cresta de la ola”, sostuvo.
Por su parte, el legislador Luis Gonzales Posada señaló que ante la falta de pruebas contra Alan García, la fiscal Olazábal recurre a la misma estratagema de siempre, denunciando falsas amenazas.
“Pido al ministro del Interior que le ponga a la fiscal seguridad día y noche, que le ponga un helicóptero sobre su casa. No vaya a ser que a esa señora le caiga una piedra y responsabilicen al Partido Aprista”, indicó.

Andina, Lima, 7/2/2005
RECHAZAN SU PEDIDO

(Andina: 2005-2-7) La fiscal Especializada en Derechos Humanos, Cristina Olazábal, rechazó el escrito presentado por el ex presidente Alan García Pérez en el que solicita a la magistrada apartarse del 'Caso Accomarca' por carecer de una presunta imparcialidad.
En comunicación con la Agencia de Noticias Andina, Olazábal Ochoa dijo que el documento fue rechazado por carecer de fundamentos legales.
Como se sabe, la fiscal Olazábal es la que denunció penalmente al líder aprista por el asesinato de 69 campesinos de Accomarca en 1985.
La defensa del ex mandatario acusó a la fiscal Olazábal de seguir consignas senderistas y de haber sido "dirigente roja", cuando estudiaba derecho en la Universidad San Marcos.
Agregó que si su trabajo siguiese consignas senderistas, no hubiera denunciado penalmente al cabecilla de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán, por el asesinato de unos 65 campesinos en la zona ayacuchana de Lucanamarca en 1983.

Correo, Lima, 8/2/2005
Congresista Diez Canseco dice que García tiene culpa por matanza en Accomarca
De inmediato, apristas lo señalan como integrante de “la izquierda rosa” que hace campaña contra García

Para el legislador Javier Diez Canseco sí existe responsabilidad penal en el ex presidente Alan García por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la matanza de Accomarca, en 1985.
Según el legislador de izquierda, en este caso se cuenta con elementos suficientes para iniciar procesos penales.
Consideró muy curioso que a pesar de que la matanza se produjo sólo algunos días después de que asumiera el poder García, uno de los responsables, pese a tener sentencia, continuó ascendiendo dentro de las Fuerzas Armadas durante el régimen aprista.
“El subteniente Telmo Hurtado continuó ascendiendo con la firma de García como Presidente”, agregó. Asimismo, recordó que durante el régimen aprista se registraron matanzas más graves, como la de Cayara o la de los penales.

La respuesta
De inmediato, las opiniones de Diez Canseco suscitaron la airada respuesta del secretario genera del APRA, Mauricio Mulder, quien acusó al gobierno, al Frente Independiente Moralizador (FIM) y a la “izquierda caviar” de gestar una “campaña demoledora” contra García.
Señaló que Diez Canseco siempre ha tenido relación “con la izquierda rosa que apoya a este gobierno y que tiene gente en varias asociaciones defensoras de derechos humanos, pero que en realidad son pro senderistas”. En ese sentido, acusó a Aprodeh de formular acusaciones ilógicas contra el líder aprista a través de la fiscal Cristina Olazábal.

Más datos
En las próximas 48 horas, la Dirección Política del APRA emitiría un pronunciamiento público en rechazo a las denuncias contra Alan García. Los apristas aseguran que la “campaña” se inició hace algunas semanas con testimonios que revivían el caso Rodrigo Franco.

Perú 21, Lima, 9/2/2005
Juez aún evalúa acusación contra García

Se le acaba el tiempo. El titular del Segundo Juzgado Penal de Ayacucho, Willy Ayala, decidirá la próxima semana si abre proceso penal contra el ex presidente Alan García, por el asesinato de 69 campesinos en Accomarca, en 1985.
Ayala enfatizó que no aceptará ningún tipo de presión para resolver este caso y negó que haya recibido amenazas de muerte, como lo informaron diarios locales.
Si el magistrado inicia un proceso contra el ex gobernante, podría ordenar su impedimento de salida del país, que fue solicitado por la fiscal Cristina Olazábal.
Los defensores del ex presidente no se hicieron esperar. La congresista aprista Judith de la Mata estimó que un eventual proceso judicial está condenado al fracaso, e insistió en la inocencia del ex presidente García, al recordar que solo tenía 14 días en el cargo cuando sucedió la matanza de los campesinos.

Correo, Lima, 10/2/2005
Señala que abogado de ex presidente le ha solicitado que se retire del caso Accomarca
Fiscal denuncia presiones de defensa de García

La fiscal especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, afirmó ayer haber recibido presiones directas para abandonar el caso del asesinato de 69 campesinos en la comunidad de Accomarca, ocurrido el 14 de agosto de 1985.
“Nunca he recibido amenazas, pero sí presiones directas a través de escritos presentados inicialmente por militares y ahora por la defensa del ex presidente Alan García. Me han solicitado que me aparte de la investigación de Accomarca sin ningún asidero legal. A pesar de que las primeras solicitudes ya se resolvieron rechazándolas, ahora insisten en
presentar otra. Quieren que me excuse por decoro”, explicó Olazábal en declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio.
Como se recuerda, la magistrada denunció al ex presidente García por omisión impropia en los delitos de genocidio y homicidio calificado e, incluso, pidió se le impida la salida del país y el embargo de sus bienes.
“Yo actúo de manera independiente, transparente y con total imparcialidad. No tienen por qué pedirme que me aparte. Aquí no se trata de mi persona, se trata de la investigación. Mi persona no está en discusión, es la denuncia”, refirió.

Complot
Olazábal rechazó enérgicamente formar parte del supuesto complot -que ha sido denunciado por el APRA- en contra de García Pérez. Aseguró no tener vinculación ni con el Frente Independiente Moralizador (FIM) ni con el partido de gobierno.
Asimismo, advirtió que emprenderá acciones legales contra aquellos que la han calificado de pro senderista, como el abogado de García, Genaro Vélez. “Yo no soy ninguna izquierdista y menos tengo afinidad con Sendero Luminoso”, aseguró.

Más datos
La fiscal Cristina Olazábal señaló que el ex presidente Alan García podría enfrentar una pena de 20 a 25 años de cárcel si se acredita que cometió el delito que se le imputa.

Correo, Lima, 10/2/2005
“Es Aprodeh quien la presiona”, replica abogado de Alan

Genaro Vélez, abogado de Alan García, negó que esté ejerciendo presión contra la fiscal del caso Accomarca, Cristina Olazábal, a través de sus escritos. “Yo sólo hago ejercicio de la defensa a la que tiene derecho el doctor García. No soy yo quien la presiono, sino Aprodeh, que la tiene secuestrada mentalmente”, replicó en diálogo con Correo.
Según el defensor del ex presidente, la fiscal es acosada constantemente por la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, y “ahí sí no reacciona ni se queja”. Vélez explicó que si han solicitado que se aparte de la “seudo investigación” es porque simplemente la magistrada “no es imparcial”.
“Ella se ha limitado a recoger los mismos argumentos de los denunciantes, o sea Aprodeh, ha copiado textualmente sus argumentos. Ella no ha investigado nada”, afirmó. Para el defensor Olazábal “ha sido presionada para involucrar a García en hechos en los que nada tiene que ver”.
Insistió en que la magistrada tiene afinidad izquierdista y que con su denuncia contra García ha demostrado que es pro senderista. “Si comes como pato, te bañas como pato, ¿qué eres? Un pato”, acotó.

La República, Lima, 10/2/2005
Juez devuelve a fiscalía denuncia contra García
¿PRESIONES?

• Magistrado dice que carece de competencia para juzgarlo por matanza de Accomarca.
• García-Sayán niega responsabilidad de líder aprista.

Por Elías Navarro.
Corresponsal de Ayacucho.

Con presiones o sin ellas, el juez que debía resolver si abría instrucción penal a Alan García por el caso Accomarca devolvió la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos de Huamanga.
El titular del Segundo Juzgado Penal de esta ciudad, Willy Ayala Calle, se apartó del proceso aduciendo carecer de competencia.
Su fuero provincial en los casos de violaciones a los derechos humanos y terrorismo abarca “arguyó” las provincias de Cangallo, Huanta, La Mar y Huamanga, y no Vilcashuamán, donde ocurrió la masacre de 69 civiles en agosto de 1985 por una patrulla militar.
El expediente contra el ex presidente por presunto delito de asesinato, en la modalidad de omisión impropia, junto a 25 militares, regresó al despacho de la fiscal Cristina Olazábal, quien formuló la denuncia el miércoles pasado, tras investigar el caso durante un año, a raíz del informe de la Comisión de la Verdad. Trascendió en fuentes del Ministerio Público que ahora el caso sería derivado al Juzgado Mixto de Vilcashuamán, a cargo de Nilda Aronés Medina.

¿Caso politizado?
Diego García Sayán, ex ministro de Justicia y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sostuvo que es importante investigar los hechos, pero con rigor jurídico y sin objetivos políticos, “que aparentemente hay en este caso”.
“Accomarca fue un acto criminal gravísimo, pero es discutible atribuirle responsabilidad penal al ex presidente García que acababa de asumir funciones” sostuvo.

Recordó que en la década de los 80 los comandos político militares actuaban con autonomía, sin consultar al mandatario y menos si cometían acciones ilegales.
“Quiero creer que es un error de autoridades fiscales, y no que exista propósito político”.
Para Francisco Soberón, de la Coordinadora de Derechos Humanos, las presiones en el caso son evidentes. “Hay actitudes destempladas, cuando (García) debe someterse a la justicia como cualquier ciudadano”. Pidió juzgar todos los crímenes y que la condición de política no genere un margen de impunidad.

Datos
PROCESO. El proceso por la matanza se inició en diciembre del 2004. Según el Apra, la fiscal incluyó a García al final y en menos de un mes decidió acusarlo.
CAYARA. La misma fiscalía tiene el caso de la matanza de Cayara, ocurrida en 1988, durante el gobierno aprista.
REACCIÓN. La congresista Anel Townsend dijo que el pedido de reducir los votos en el Congreso para la vacancia presidencial “es la respuesta política del APRA” ante la denuncia contra García.

La República, Lima, 10/2/2005
Accomarca, y otras deudas pendientes

Por Glatzer Tuesta. (*)

En abril de 1999 nos enteramos de la desaparición de Meregildo Guerrero Huamán y Artemio Córdova Villegas, dos jóvenes de la comunidad de Perico que según el único testigo fueron intervenidos previamente por los Comités de Autodefensa de Jaén. Esta trágica noticia vino acompañada de una serie de denuncias de maltrato y prepotencia de parte de un oficial del Ejercito que justamente era el responsable de estos comités: el mayor Hurtado Hurtado. Inmediatamente se nos vino a la memoria la matanza de 69 comuneros en Accomarca, Ayacucho, y el rostro del subteniente Telmo Hurtado.
Sin embargo tuvimos muchas dudas, puesto que Hurtado había sido procesado en el fuero militar y retirado del Ejercito meses después de haber reconocido su crimen en 1985, en el que fueron asesinados también niños de los que el subteniente aseguraba se convertirían en terroristas y por eso había que eliminarlos. Ideele me encomendó viajar a la zona a investigar el tema, es así que llegamos a San Ignacio, a unas tres horas de Jaén en Cajamarca, donde existe una base militar. Caminando por una de las calles principales vi que en una pollería un grupo de militares compartían varias cervezas. Miré con detenimiento los rostros de los uniformados, en su mayoría oficiales de alto rango (comandantes y coroneles), y no tuve suerte de encontrar lo que buscaba. Hasta que entró un sujeto, bastante desaliñado, mal uniformado y matón, que venía acompañado de un recluta. Esa fue la primera vez que vi a Telmo Hurtado, que a pesar de tener menor rango que los otros era mirado con respeto, y me atrevería a decir que con miedo.
Una pregunta rondaba mi mente: ¿Por que no lo sacaron del ejercito, y lo siguieron ascendiendo como si nada hubiera sucedido? Un oficial de su propia base me respondió luego: “A esa gente no la pueden soltar porque están amarrados, si los botan echan a todos, y son unos malditos”.
Después de la matanza de Accomarca la vida de Hurtado siempre estuvo marcada por la prepotencia, el delito y el abuso. Nunca por el arrepentimiento. “Cuando estaba borracho, subía a la mesa con su arma en la mano y decía que él había desaparecido a pueblos enteros en Ayacucho y que pobre de aquel que se ponía en su camino”, contó una fuente consultada. Era abusivo, pero por uno de sus abusos fue descubierto, le había comprado un terreno a un comunero, y se quiso quedar con más de lo acordado. En ese contrato de compra-venta aparecían sus generales de ley, detallados escrupulosamente como para que no exista dudas, y junto con ellos su firma, la misma que estampara ante la comisión del Senado que lo investigó 15 años atrás.
La Sexta Región Militar (actualmente desaparecida), negó su existencia, pero no pudo sostenerla en el tiempo. El propio Fujimori, en conferencia de prensa, mostró su “malestar” por la situación del oficial que él había mantenido durante todo su gobierno. Hurtado se esfumó y no se supo nada más hasta el año pasado, cuando se dio cuenta de su salida clandestina del país. Hoy Hurtado debe estar haciendo de las suyas sin que la justicia logre ubicarlo. En esa situación se encuentran muchos de estos violadores de derechos humanos (“Camión”, “Chacal”, entre otros), y por decisión judicial algunos integrantes del grupo Colina. Esto es muy grave, ya que no son delincuentes comunes sino personajes muy peligrosos que no han procesado el daño que hicieron a víctimas inocentes, y siguen creyendo que le hicieron bien al país. Esta mentalidad todavía prevalece en un sector de las FFAA. Por eso hay que recoger con atención lo mencionado por el jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, almirante Frank Boyle: “Los crímenes de lesa humanidad no son delitos castrenses y no tienen que ser vistos por la justicia militar”. Hay que tomarle la palabra, ya que el fuero militar solo ha garantizado impunidad en lo casos de derechos humanos que ha visto. Telmo Hurtado (en ese fuero), fue sancionado por delito de función.
Quienes siempre miran al Sur para hacer comparaciones sobre crecimiento económico, deberían también ver que, a 20 años de la dictadura de Pinochet, militares violadores de los derechos humanos son llevados a la justicia por la tragedia que cometieron. Nosotros también debemos resolver nuestros problemas pendientes.
(*) Director de ideeleradio.

Perú 21, Lima, 11/2/2005
Cuchillo, martillo, peleo contigo...

Por Carlos Basombrio

Regresan en el momento menos pensado. Lo mismo acá que en la Argentina, Chile o Guatemala. Ha pasado casi una generación y los crímenes de derechos humanos siguen rondando la actualidad política. Esta vez la fiscal Cristina Olazábal ha acusado a Alan García de delito de omisión impropia por la matanza de Accomarca del 14 de agosto de 1985 y ha pedido que se le impida salir del país y se le embarguen preventivamente sus bienes.
Accomarca es quizás la masacre más atroz contra población civil cometida por el Estado en la lucha contra Sendero Luminoso. (Lucanamarca es su espejo por el lado de las atrocidades senderistas). El 14 de agosto de 1985 una patrulla al mando del subteniente EP Telmo Hurtado ingresó al pueblo, sacó a los pobladores de sus casas y asesinó a sangre fría a 39 adultos y 23 niños. Cuando se supo de los hechos, Hurtado aceptó su participación y desafiante sostuvo que lo hizo "en defensa de la democracia". ¿Y los niños? "Pues crecerían y serían senderistas". Habían sobradas razones para que Hurtado recibiera todo el peso de la ley y el escarnio de sus colegas. Pero, sorpresas te da la vida, quince años después, en 1999, Glatzer Tuesta, periodista de Ideele, descubrió que Hurtado no había sido pasado al retiro; seguía en el Ejército, había seguido ascendiendo hasta llegar a mayor y estaba destacado en Jaén. Se produjo un mayúsculo escándalo y el propio Fujimori ordenó su inmediato pase al retiro. Por cierto, el Ejército aún debe una explicación del por qué protegió y promovió al responsable de un crimen tan execrable.
Pese a lo atroz y revelador de la historia de Accomarca, no se trata de un crimen del que se pueda responsabilizar a García. Ocurrió no bien instalado su gobierno y él tuvo más bien una reacción apropiada, relevando de sus cargos a los generales Jarama y Mori. Se creó, además, una comisión investigadora multipartidaria en el Congreso. García tiene a raíz de su gobierno demasiadas deudas pendientes con la nación. En derechos humanos empiezan con la matanza de los penales, pero la lista engorda por temas de corrupción, desgobierno, desastre económico, etc. El fardo es bastante grande como para añadirle injustamente Accomarca.
Aun así, la reacción del APRA en pleno ante la denuncia fiscal, ratifica el deterioro y la mediocridad de nuestra política. Ha sido demasiado obvio que el pedido de reducir el número de votos para la vacancia presidencial es una respuesta a esta denuncia, dada la presunción que tienen de que el gobierno está detrás de la fiscal. Más allá de que Toledo y Olivera sean capaces de hacer cosas así, sorprende que un partido que se pretende el más serio e importante, juegue tan ligeramente con temas trascendentes, actuando como niños picones en el recreo (cuchillo, martillo, me peleo contigo para toda la vida.). Lo sucedido da cuenta de hasta qué punto impera hoy la pequeña política. También de la reiterada vocación aprista de dispararse a los pies.

Correo, Lima, 11/2/2005
Accomarca: Otra calumnia antiaprista

Por: Javier Valle-Riestra

Tengo varios títulos para escribir esta apología. Uno: fui presidente de la Comisión Senatorial investigadora del caso Accomarca (setiembre de 1985) integrada por el probo comunista Jorge del Prado, el erudito democristiano Delgado Barreto, y el radical Javier Diez Canseco.
Villanueva del Campo no fue al lugar de los hechos por razones de salud. Osterling (PPC) y Quintana Gurt (APRA) se excusaron. Dos: no soy Alanista; soy Hayista. Tres: si el APRA se hubiera fundado en 1985 yo no sería aprista; lo soy porque conocí a Haya, Seoane, Heyssen, Cox, Cossío del Pomar, Sabroso y otros héroes revolucionarios; y porque estoy influido por el martirologio del 7 de julio de 1932 y el combate místico de aquellos años en pro de la libertad y la justicia social.
Ahora se impone mi condición de Presidente de la Comisión Investigadora de aquellos sucesos acontecidos el 14 de agosto de 1985. En aquella fecha el Alférez Telmo Hurtado descendió su helicóptero en un paraje de la aldea de Accomarca e hizo formar a mujeres, niños, mozos y ancianos; los ingresó en sendas chozas, los ametralló y mató y luego incendió el lugar. Total sesenta y nueve asesinados. Un genocidio.
Al ser interrogado el Alférez por mí y los senadores pesquisadores en el cuartel “Los Cabitos” -el sancta santorum del militarismo de aquellos años, que yo logré profanar- admitió su responsabilidad total en aquellos hechos. Nos dijo:
“Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Según el punto de vista de Uds. y lo que están pensando en estos momentos, lo van a tomar de otra manera. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. Las penurias que se tienen que vivir. Cosa que de repente a nosotros no nos agrada pero tenemos que cumplir para darles un mejor gobierno, estabilidad para ustedes y que ustedes en estos momentos los parlamentarios, estén en el Senado. Nosotros tenemos que realizar esas cosas por ustedes.” [Ver Informe de la Comisión Investigadora del 12 de octubre de 1985].
Repreguntado “¿Pero de su reglamento, de sus órdenes, está establecido que usted puede proceder a eliminar si lo considera necesario?”. Contestó lacónica y castrensemente: “Sí”. [Ver Informe citado]. Hurtado actuó así porque ésa era su formación en una escuela de terrorismo estatal. Era la doctrina de la Seguridad Nacional, que no comenzó el 28 de julio de 1985, días de la exaltación al mando de Alan García. Empezó lustros atrás y la diseñó el imperialismo yanqui.
Los hechos de Pucayaccu y Accomarca, se inscribieron dentro de la política contrainsurgente que tuvo su origen en un régimen anterior, violador de los derechos humanos. Los desaparecimientos forzados, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, los casos de Wensjoe, Jaime Ayala, Oropeza, ñuflo; los casos Uchuraccay, Soccos, Huaychao, Manzanayocc; y los fusilamientos de evangélicos en Huanta, respondieron al mismo concepto siniestro: las razones de Estado como legitimadoras.
El fin justifica los medios. Eso fue obra del militarismo que se comportó como un Estado dentro del Estado. El general jefe de la Segunda Región Militar, al declarar ante la Comisión, justificó ese concepto y manifestó:
“Es que el Estado determina el empleo de la fuerza armada, consecuentemente, cuando esa fuerza armada interviene, ya no puede intervenir bajo las mismas condiciones del Estado normal de Derecho, porque esa zona ya no rige, justamente, el imperio absoluto de la ley... ya no se dan las condiciones para que la fuerza pública, pueda utilizar esos instrumentos para reestablecer el orden.”
Hurtado fue el que tuvo el dominio del hecho (Roxín, autor citado por la fiscal). El tenía en las manos el curso del acontecer penalmente típico; la posibilidad fáctica de dirigir en todo momento la configuración penal. De esa operación criminal no tenían ni la más remota idea el Jefe de Estado ni el Ministro de Guerra. Sólo se le ocurrió al Alférez Hurtado a las 6:45 de la mañana del 14 de agosto de 1985 al sobrevolar de manera casual lo que en su demencia denominaban “zona roja”. Un gran penalista español (Gimbernat) dice: “el que tiene el dominio del hecho ya puede actuar con la voluntad que le dé la gana: el dominio del hecho lo seguirá teniendo. Y el que no es titular del dominio del hecho, aunque se ponga como se ponga, aunque tenga voluntad de autor, aunque quiera el hecho como propio, no por ello entra en posesión del dominio que antes no tenía.”
La conclusión fundamental de mi informe sostenía la doctrina aprista: “El Estado democrático no puede ser terrorista. Si combate la insurrección con ejecuciones extrajudiciales, desaparecimientos, torturas, genocidios, matanza de población civil inocente, pierde la autoridad moral que todo régimen popular y democrático debe mantener y paradójicamente, a las finales, termina haciéndole el juego a los alzados que quieren demostrar que se enfrentan a dictaduras no sólo materiales sino formales. (...) Debe ponérsele coto, hoy, a todos estos excesos. Coexistir con estas prácticas puede debilitar a la larga la democracia y fomentar una sociedad militar y fascista”.
De todo esto se deduce Primero: el totalitarismo del Ministerio Público en el Perú. Formula, como siempre, una denuncia pletórica de presunciones e hipótesis, sin pruebas ni indicios -una de sus fuentes es “Muerte en el Pentagonito”, que contiene un diálogo imaginario- contra Alan García, invocando artículos (13 y 319) del Código Penal actual rigente a partir de 1991 y lógicamente inaplicable con efecto retroactivo a hechos acontecidos en 1985; Segundo: esto no es casual, forma parte de una orquestación antiaprista que trata de descalificarnos. Por eso se reflota este afer; se pretende endosar al APRA el asesinato senderista de Rodrigo Franco, etc.; y Tercero: artículos y libelos de mal subconsciente discutiendo la personalidad moral de Haya de la Torre, el caudillo de más virilidad cívica de todo el siglo XX. Toda una época está personificada en él. Es un hombre que nacido en el siglo XIX se le sigue vivando -y ladrando- en el siglo XXI.

La República, Lima, 16/2/2005
Fiscalía de Ayacucho insiste en denunciar a García por Accomarca
Ahora juzgado tiene 15 días para abrir instrucción a ex mandatario o archivar el caso.

Por Elías Navarro.
Corresponsal.

La controversia continúa en Ayacucho, pues la fiscalía especializada en Derechos Humanos insistió en denunciar a Alan García ante el segundo juzgado penal de Huamanga por la masacre de Accomarca, registrada en agosto de 1985.
El juez Willy Ayala tiene 15 días para abrir instrucción contra el ex presidente por el delito de omisión en agravio de 69 campesinos de la referida localidad ayacuchana. Existen 25 militares denunciados por la matanza de Accomarca.
La decisión de la fiscal Cristina Olazábal está respaldada por la resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emitida en octubre del 2004, que creó los juzgados supraprovinciales de Lima y Ayacucho para atender, precisamente, los casos de lesa humanidad y terrorismo.
“El juez Ayala debe abrir instrucción penal en su calidad de magistrado especializado en crímenes de lesa humanidad”, afirmó Olazábal.
La fiscal recibió, además, el respaldo del fiscal superior decano de Ayacucho, Alfonso Cornejo, quien realizó la consulta respectiva a la referida sala supranacional creada para este fin.

Reinician excavaciones
En la Fiscalía de Derechos Humanos se informó también que ayer, miércoles 15, se reiniciaron las excavaciones en el Cuartel Los Cabitos, de Ayacucho, en busca de restos óseos enterrados en ese lugar por las fuerzas paramilitares que tuvieron el control de este departamento durante la época de violencia que vivió el país.
La jornada de trabajo, que durará 15 días, contará con la participación de peritos del Ministerio Público, del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y testigos de la matanza.
En la intervención pasada la Fiscalía halló dos cuerpos con orificios de bala en la cabeza. Para esta ocasión se utilizará maquinaria pesada para las excavaciones.

El dato
INHIBICIÓN. El juez Willy Ayala devolvió la denuncia penal a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos alegando carecer de competencia, ya que su fuero provincial en los crímenes de lesa humanidad no abarca Vilcashuamán, donde ocurrió la masacre.