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Caso Cayara
“En una conversación que tuve con el Coronel Rafael
Córdova, el segundo de Valdivia Dueñas en Los Cabitos,
me dijo: el presidente ha viajado conmigo a Cayara después
de que conversara con usted y ha sido él quien ordenó
remover los cadáveres inmediatamente porque usted sabe
donde están enterrados”. Declaración del ex fiscal
Carlos Escobar en el diario Perú 21 (4 de noviembre de
2002)
Los hechos
Como parte del “Operativo Persecución”, el 14 de mayo de
1988, tropas del Ejército ingresaron al pueblo de Cayara,
provincia cercana a Erusco, alrededor de las 9 de la mañana.
Después de asesinar al primer poblador que encontraron, detuvieron
a los hombres que presenciaron el hecho desde la iglesia local para
después asesinarlos también. Mientras tanto, los demás
efectivos saqueaban las tiendas y domicilios de los comuneros y
luego las quemaron.
Posteriormente reunieron a la población en la plaza principal
y esperaron a los hombres que realizaban labores de cosecha en el
campo. Separaron a los comuneros en dos grupos, varones y mujeres,
y obligaron a los primeros a echarse al suelo para después
torturarlos y matarlos en presencia de las mujeres y niños.
Días después, el Ejército volvió a
Cayara y estableció su base en una escuela, el 18 de mayo
de 1988. Ese día el General de Brigada José Valdivia,
jefe de la sub-zona de Seguridad del Centro correspondiente a Ayacucho,
leyó una lista de nombres quienes eran buscados por el supuesto
delito de subversión.
Al mes siguiente, efectivos del Ejército regresaron a Cayara
para secuestrar a Guzmán Bautista Palomino, Gregorio Ipurre
Ramos, Humberto Ipurre, Benigna Palomino de Ipurre y Catalina Ramos
Palomino. Los dos primeros eran testigos de la masacre ocurrida
el 14 de mayo pasado y los otros tres eran padre, madre y hermana
del detenido Ipurre. Guzmán Bautista habría hablado
con las delegaciones de parlamentarios y con la revista Caretas
acerca de lo ocurrido en Cayara.
Después de hacerse pública la matanza de Cayara,
el presidente Alan García mostró abiertamente su respaldo
a las Fuerzas Armadas por la lucha contrasubversiva que venía
ejecutando a nivel nacional.
La investigación
Días después de la masacre, los sobrevivientes denunciaron
los hechos en Ayacucho. Así, se designó a Carlos Escobar
como fiscal encargado de la investigación.
El 10 de agosto de 1988 se informó sobre la existencia de
tumbas en un paraje denominado Pucutuccasa, a cuatro horas de Cayara.
El fiscal Escobar exhumó, de acuerdo a ley, los tres cuerpos
hallados e identificó a Alejandro Echaccaya Villagaray, Samuel
García Palomino y Jovita García Suárez, quienes
habían sido detenidos el 18 de mayo durante la intervención
militar en Cayara. Flavia García Suárez, hermana de
esta última, identificó a los tres cadáveres
y se levantó acta de exhumación.
De acuerdo a la versión de la fiscalía, el grupo
encabezado por Escobar sólo trasladó el cadáver
de Jovita García Suárez ya que no contaba con facilidades
de transporte. Cuando los investigadores retornaron días
después advirtieron que los otros dos cuerpos habían
sido retirados de las tumbas. Sin embargo, quedaban restos como
manchas de sangre, cabello humano, pedazos de ropa, etc. Era evidente
que el traslado de esos cadáveres sólo se pudo realizar
por una fuerza capaz de controlar regularmente la zona.
Los medios de comunicación señalaron que el General
José Valdivia exigió al oficial de la PIP que acompañó
a Escobar, información sobre los hallazgos del fiscal.
La necropsia a Jovita García estableció que estaba
embarazada, presentaba diversas fracturas en las extremidades y
tenía el cráneo destrozado. Su muerte había
sido por traumatismo encéfalo craneano grave o por lesión
punzo cortante a nivel del corazón. Luego, intentando encubrir
estos hechos, el Ejército informó que Jovita García
era su informante y que su muerte había sido causada por
Sendero Luminoso
Significado
La masacre de Cayara es significativa por varias razones. Primero,
porque representó una vuelta de tuerca con respecto a las
violaciones de los derechos humanos de un gobierno que empezó
su gestión señalando que no toleraría esas
violaciones. Segundo, porque fue un hecho evidente, donde quedaron
pocas dudas de la responsabilidad de los culpables en el asesinato
de pobladores de ese pueblo ayacuchano.
Tercero, porque a pesar de las pruebas, toda la maquinaria del
Estado se prestó al encubrimiento, incluyendo a parlamentarios,
jueces y fiscales, mostrando que se trataba de un hecho aislado,
un “exceso” cometido por personas fuera de control en el fragor
de la batalla. Sin embargo era evidente que este crimen fue producto
de la implementación de políticas sistemáticas
violatorias de derechos humanos implantadas en este período,
tal como concluyó en su dictamen el senador Javier Diez Canseco
y como había señalado tres años antes el senador
aprista Javier Valle Riestra a raíz de la masacre de Accomarca
(agosto de 1985).
Por último, como hecho anecdótico, cabe señalar
que fue precisamente el caso Cayara el que permitió a un
abogado –quien en ese entonces se ocupaba de casos de narcotráfico
y que había llegado a asesorar a varios fiscales supremos–
restablecer sus vínculos con el Ejército, institución
que lo había expulsado, procesado y condenado en 1976. Ese
abogado era Vladimiro Montesinos Torres.
Montesinos usó sus influencias en el Ministerio Público
para prestar un “servicio” a los mandos militares y contribuyó
a evitar que los responsables de la masacre fueran procesados. Gracias
a esos “servicios” fue admitido nuevamente en el Servicio de Inteligencia
Nacional en 1989, trabajó que usó para relacionarse
en 1990 con el candidato, y luego presidente del Perú, Alberto
Fujimori.
El terror y el contraterror
La masacre de Cayara fue una respuesta brutal del Ejército
a una acción, también bárbara, de Sendero Luminoso.
El 13 de mayo de 1988, aproximadamente a las 9 p.m., un destacamento
de SL emboscó a dos camiones portatropas del ejército
en Erusco, un paraje del distrito de Cayara, en la provincia de
Víctor Fajardo (Ayacucho). Como consecuencia del ataque senderista
murieron cuatro militares, incluyendo un capitán, y resultados
heridos otros catorce o quince. Los subversivos se apoderaron, además,
de armas y municiones.
La reacción del Ejército fue inmediata. Al día
siguiente ocuparon la vecina comunidad de Cayara, acusando a los
campesinos de haber participado en la emboscada o colaborado de
alguna forma con los senderistas. Las tropas torturaron y ejecutaron
a decenas de campesinos, hombres y mujeres. Todos estaban desarmados
y fueron capturados en sus casas o en sus chacras, como se demostró
fehacientemente después tanto en la investigación
del fiscal Carlos Escobar, como en la de los senadores Javier Diez
Canseco y Gustavo Mohme, así como en el informe final de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero las cosas no quedaron allí. En las semanas y meses
siguientes, a pesar de las denuncias formuladas por algunos parlamentarios,
medios de comunicación, organizaciones defensoras de los
derechos humanos y el fiscal Escobar, los testigos fueron sistemáticamente
asesinados, así como algunos presuntos senderistas denunciados
por un informante anónimo. En setiembre de 1989, un año
y cuatro meses después de la primera masacre, la última
testigo importante que quedaba fue asesinada a manos de encapuchados
que vestían uniforme militar. Los sobrevivientes fueron amenazados,
las pruebas borradas –incluyendo la desaparición de los cuerpos
de muchas víctimas–, el expediente del caso incinerado ó,
tal vez, robado.
Con ello se comprobó que hubo, no solo lenidad de parte
de las autoridades políticas, judiciales y militares, sino
abierta complicidad con los responsables de la masacre –entre ellos,
el ex presidente Alan García, el Comandante General del Ejército
Artemio Palomino Toledo, el Presidente del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas General del Aire Pablo
Varela Novella, el jefe Político Militar General José
Valdivia Dueñas, así como los ejecutores directos–
permitiéndoseles en un prolongado lapso acabar con los testigos
y eliminar las evidencias de su delito.
A pesar de todo, quedaron las pruebas que acumuló un fiscal
valiente como Carlos Escobar, quien como premio a su destacada labor
fue trasladado primero, luego destituido y finalmente, amenazado,
lo cual lo obligó a refugiarse en el extranjero.
Delitos de lesa humanidad
En la fecha en que se perpetró el crimen, el Estado Peruano
había suscrito y ratificado el Pacto de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y otros instrumentos internacionales, que establecen un
núcleo duro de derechos no derogables, ni postergados en
tiempos de conflicto. Además de lo establecido por los Convenios
de Ginebra, estos instrumentos internacionales forman parte de nuestro
derecho nacional, tal como lo prescribe la Constitución Política
de 1979 y 1993. Con ello, la legalidad e imprescriptibilidad del
Homicidio Calificado-Ejecución extrajudicial, y la desaparición
forzada estaba vigente en el año de 1988.
Este año, la investigación abierta por la fiscal
Cristina Olazábal sobre el crimen de Cayara ha devuelto la
esperanza para los familiares de las víctimas en su logro
de justicia, aún cuando los responsables, entre ellos, el
ex presidente Alan García, vienen obstaculizando y dilatando
el proceso.
García fue citado en tres oportunidades (dos en Ayacucho
y una en Lima) por la fiscal Olazábal para responder interrogantes
respecto del caso Cayara. Sin embargo no asistió a ninguna
de ellas, aludiendo carecer de recursos para trasladarse a Ayacucho.
Al respecto, las organizaciones de afectados por la violencia política
en Ayacucho decidieron realizar una colecta para pagar los gastos
de viaje. Finalmente acudió a la cuarta citación realizada
en Lima el 13 de abril pasado. El interrogatorio estuvo a cargo
del fiscal Mario Gonzáles, quien anteriormente había
archivado la denuncia por el caso Frontón –masacre ocurrida
durante su gobierno y por el cual también éste tenía
responsabilidad– argumentando la prescripción del delito.
Desde el inicio de la investigación por éste y otros
casos de violaciones a los derechos humanos, la fiscal Olazábal
fue objeto de críticas y hostigamientos por parte de representantes
del Partido Aprista. Sin embargo, las organizaciones de afectados
brindaron su respaldo la labor de la magistrada, así como
solicitaron el apoyo respectivo para que continúe al frente
de las investigaciones.
El pasado 19 de mayo, la fiscal especializada en derechos humanos
Cristina Olazábal, denunció penalmente ante el Poder
Judicial de Huamanga al ex presidente Alan García por su
presunta responsabilidad en la matanza de 25 campesinos el 14 de
mayo de 1988 en el distrito de Cayara. La acusación señala
que el ex mandatario sería responsable de los delitos de
omisión impropia, al no haber denunciado el hecho en su calidad
de presidente de la República; encubrimiento personal, por
no haber señalado a los responsables y autoría intelectual
de la masacre, por haber presuntamente ordenado las acciones militares.
Junto a García fue denunciado el ex jefe político
militar de Ayacucho, José Valdivia y otras 123 personas.
Lima, mayo de 2005
Área de Comunicación
APRODEH
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