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LA MATANZA EN “EL FRONTÓN”

“... a los asesinos terroristas no los va a amilanar la pena máxima... la gente irrecuperable tiene que eliminársele de la sociedad... Sepan los subversivos que han herido profundamente a la institución y al país entero y sepan también que han despertado al león”.

Ministro de la Marina, almirante Julio Pacheco Concha (mayo, 1986)

Más de doscientos internos acusados o sentenciados por terrorismo perdieron la vida durante los motines que protagonizaron en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, el 18 y 19 de junio de 1986. Los agentes del Estado emplearon para su debelamiento el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos quienes, una vez rendidos y controlados, fueran ejecutados extrajudicialmente.

Un antecedente importante a esta matanza fue la agitada situación que se vivía en los penales en los meses precedentes, básicamente en aquellos en los que se encontraban los internos por delito de terrorismo. De acuerdo con las opiniones de la época, la ausencia de mínimas condiciones de vida en las cárceles, la lentitud de los procesos judiciales y el maltrato sistemático a los internos caracterizaban la situación penitenciaria y el sistema judicial.

El levantamiento

En la madrugada del 18 de junio de 1986, los internos de Sendero Luminoso iniciaron un motín en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón, en el Callao. Simultáneamente, se realizaron motines en el penal de San Juan de Lurigancho y en el Penal de Mujeres Santa Bárbara. Los hechos sucedieron cuando se desarrollaba en Lima una conferencia mundial de la Internacional Socialista, a la que asistían más de un centenar de dirigentes políticos del mundo, entre ellos veintidós presidentes y representantes de setenta partidos políticos, y cerca de quinientos periodistas extranjeros.

Los amotinados denunciaron un intento de “genocidio” bajo el pretexto del traslado a una prisión de alta seguridad y régimen estricto en Canto Grande. Este “genocidio”, manifestaron, sería en venganza por el asesinato, a manos de SL, delcontralmirante Carlos Ponce de León Canessa, ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra, el 5 de mayo de ese año. Los internos tomaron de rehenes a miembros del personal penitenciario y de la Policía encargados de la custodia de los penales. A pesar del esfuerzo de diferentes autoridades por solucionar pacíficamente la crisis, no se pudo concretar ningún acuerdo debido a que el Gobierno les restringió el acceso

El Frontón

Miembros de la Marina de Guerra bajo el mando del capitán de navío AP Luis Giampietri Rojas y del capitán de navío AP Juan Carlos Vega Llona tuvieron a su cargo el operativo para la debelación del motín en el penal El Frontón.Debido a que en El Frontón se había tomado como rehenes a tres miembrosde la Guardia Republicana y capturado suarmamento, además de la actitud violenta que adoptaron los amotinados, el motín producido en ese centro de reclusiónpresentaba características más graves que los iniciados en los otros dos establecimientos penales.

Por la tarde del 18 de junio, el entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla, llegó al penal, según dijo, por orden del propio Alan García. El viceministro ordenó la suspensión del diálogo con los internos, pese al reproche de las autoridades judiciales. El director de dicho establecimiento protestó ante el jefe del servicio penitenciario, pero éste le respondió tajantemente que era una orden del Presidente de la República.

La Matanza

Las acciones militares en El Frontón se iniciaron a las 3:00 horas del día 19 de junio. La Marina utilizó no sólo el armamento tradicional sino,ademásse utilizaron basucas, morteros, dinamitas y explosivos de alto poder como el C-3, con los que lograron demoler el llamado Pabellón Azul Luego de su rendición losinternos fueron seleccionados y llevados a una zona de la isla llamada “los baños” donde, según los testigos, fueron asesinados con disparos y bayonetas.Producto de las acciones murieron 3 infantes de Marina y otros 20 resultaron heridos. Fallecieron al menos 118 internos, la mayor parte de ellos torturados y posteriormente ejecutados. Asimismo, se registró un gran número de desaparecidos. La edificación fue demolida deliberadamente después de concluir el develamiento.

Según el testimonio rendido ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación por dos efectivos de la Marina que participaron en el debelamiento del motín, los terroristas que se rindieron fueron ejecutados a balazos y con armas blancas.

Los ‘testimoniantes’, en entrevista al Diario La República (25/06/03) sostuvieron que Agustín Mantilla se encontraba en el lugar durante la operacióny que la Marina le asignó un radio operador mediante el cual se comunicaba durante todo el tiempo con un superior que los declarantes no pudieron identificar. "No sabemos a quién Mantilla le daba parte de los hechos. Tenía un radio operador asignado. Todo el tiempo estaba con un radiotransmisor en la mano, dando cuenta de lo que sucedía", dijo uno de ellos. Todo indicaría que la eliminación de los terroristas rendidos fue también de conocimiento de Mantilla.

Muchos de los internos que fallecieron se encontraban detenidos en calidad de inculpados,varios de ellos fueron declarados inocentes en los procesos posteriores, tal como ocurrió con Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera, quienes después de fallecidos en esa masacre resultaron absueltos por cargos de terrorismo que se les había imputado.

Las investigaciones

El Presidente de la República, Alan García, declaró públicamente que se iniciarían las investigaciones, pero los casos fueron remitidos a la Justicia Militar, a sabiendas que no se investigaría adecuadamente. Así, el caso de El Frontón fue sobreseído por falta de pruebas y en el caso de Lurigancho,sólo se limitaron a sancionar a los ejecutores directos mas no a los que dieron las órdenes.

Posteriormente, en julio de 1989, el ConsejoSupremo de Justicia Militar, ratificó que no habíaresponsabilidad en los militares que habían participado en el debelamiento del motín.

En octubre de 1990, una Comisión Investigadora del Congreso concluyó, entre otras cosas, que "a lo largo de esta investigación hemos encontrado hechos que nos obligan a presumir que funcionarios civiles de alto nivel en laadministración, así como determinados oficiales y miembros de las fuerzasdel orden que intervinieron en el debelamiento de los motines, materializaron delitos previstos y sancionados en nuestro ordenamientolegal. En razón de ello, esta comisión, acuerda que se remita el Informeal Ministerio Público, para que, actuando de acuerdo a ley, realice ante el Poder Judicial las correspondientes denuncias penales."  Al referirse a la responsabilidad de las decisiones de gobierno, laComisión concluyó: "Por todo lo anterior, el Presidente de la República y elConsejo de Ministros tienen responsabilidad directa en los resultados desu orden desencadenada."Sin embargo, el APRA, en alianza con el movimiento Cambio 90, logró el número necesario de votos para rechazar la acusación.

En agosto de 2002, el Departamento de Estado Norteamericano, desclasificó los documentos elaborados por su embajada en el Perú, en 1986, que consignaban información recogida por funcionarios de la legación estadounidense, en entrevistas con ministros y altos mandos militares.Estos documentos probarían que el ex presidente Alan García Pérez ordenó personalmente sofocar los motines en las cárceles. Se supo, también, que el ex presidente felicitó a los militares que participaron en la masacre.

El documento desclasificado del 1º de julio de 1986 es revelador, porque registra que a García le parecía que la eliminación de los terroristas tenía su "lado positivo", ya que se había acabado con dos de los principales "centros de adoctrinamiento" de senderistas, como Lurigancho y El Frontón. Esa información del embajador norteamericano David Jordan no la copió de los periódicos de la época, como algunos militantes del APRA señalaban, sino de reuniones privadas que sostuvo con funcionarios de ese régimen.

Reapertura del Caso El Frontón

El 16 de agosto del 2000,la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia responsabilizando al Estado en el caso de la matanza de los penales, por la muerte y desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte, señalando que era su obligación esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. 

Posteriormente, en sujeción al mandato emitido por la CIDH, la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas abrió una investigación sobre estos sucesos con el objetivo de determinar la forma en que se produjeron el motín y su debelamiento; y señalar a los responsables del mismo, tanto en el campo legal como político.

En el curso de las investigaciones se pudo demostrar la práctica de ejecuciones sumarias a internos rendidos luego de concluido el derribamiento del pabellón Azul. De igual manera, quedó plenamente demostrado que la Marina desarrolló un plan de desaparición de los restos de los internos fallecidos, el mismo que se ejecutó semanas después del operativo militar y que consistió en depositar los restos humanos en diferentes cementerios de la ciudad de Lima sin ningún tipo de identificación que permita el reconocimiento de sus familiares. 

En diciembre de 2004, esta misma Fiscalía formuló denuncia penal, en la que sólo comprendió a un pequeño grupo de marinos y archivó la inclusión del ex presidente Alan García, de Agustín Mantilla y de miembros del Gabinete del gobierno aprista.

El proceso judicial

En enero del 2005, dieciocho años después de la matanza, el Juez Omar Pimentel Calle, titular del Segundo Juzgado Supraprovincial, abrió proceso penal contra 11 efectivos de la Marina de Guerra: Carlos Tello Aliaga, César Patrón Balwin, Luis Román Rodríguez, Eladio Ching Benavides y Pedro Talleo Torres, por el delito de asesinato con ferocidad; y, contra Carlos Garrido Cabrera, Francisco Herrera Carrasco, Ronald Mc Lauchlan WoodmanManuel Palma Guevara, Luis Herrera Carreño y Enrique Mecklemburg León (ya fallecido), por el delito de asesinato por explosión; en agravio de más de cien personas que en junio de 1986 se encontraban internos en el pabellón azul del Centro Penitenciario de “El Frontón”.

Actualmente, ex ministros y dirigentes apristas, policías, agentes penitenciarios e internos sobrevivientes acuden desde el1º de marzo ante el Primer Juzgado Supraprovincial Penal para dar su testimonio sobre la matanza de El Frontón. Un total de 108 testigos han sido citados por la titular del juzgado, María Salazar, para que brinden información que permita esclarecer la masacre.

Mientras tanto, el pasado 4 de mayo el fiscal superior Edgar Chirinos ordenó al fiscal provincial Mario Gonzáles reabrir la investigación contra el ex presidente Alan García y todos los miembros del Consejo de Ministros de 1986 por su presunta responsabilidad en la matanza de El Frontón. El magistrado consideró que la indagación debe ser reiniciada debido a que el ex mandatario y sus ministros habrían cometido negligencia al disponer el ingreso de las FFAA para apaciguar el motín en ese penal. Por ello, la Fiscalía Especializada en DDHH ha anunciado que realizará en los próximos meses más de un centenar y medio de diligencias, entre ellas,tomar la declaración ampliatoria del ex presidente Alan García, en la nueva investigación que emprenderá sobre la matanza de 118 internos del desaparecido penal de El Frontón. 

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