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Caso Huancapi

Hechos

Honorata Oré de Aroma

Julio Arotoma Cacñahuaray

Onofredo Huamaní Quispe

El 19 de abril de 1991, Zenón Huamani Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamani Quispe, Luis Amaru Quispe y Julio Arotoma celebraban su inscripción como candidatos a las elecciones complementarias municipales por la lista de Izquierda Unida Socialista. Tras ello, decidieron regresar a sus casas ubicadas en Huancapi, capital de la provincia de Víctor Fajardo (Ayacucho). El primero en llegar fue Julio Arotoma, quien luego de despedirse de sus compañeros, ingresó a su domicilio.

Al retomar los cinco restantes su camino, fueron sorprendidos por numerosos efectivos del Ejército, provenientes de la Base Militar de Huancapi. Los interceptaron, agredieron e intentaron llevarlos con dirección a la base. Sin embargo, los candidatos detenidos empezaron a gritar el nombre de su compañero Arotoma, a quien acababan de despedir. Al percatarse éste de los gritos de sus compañeros, salió de su casa sin saber que sería intervenido y detenido al igual que ellos. Al ver esta situación, Honorata Oré ­–quien tenía ocho meses de embarazo– salió a defender a su esposo Julio Arotoma, pero también fue detenida.

Preocupados por el retraso, familiares de los detenidos salieron en su búsqueda. Así presenciaron el momento en que los militares trasladaban a los detenidos. También los vecinos, al acercarse a sus ventanas y oír disparos y gritos, fueron testigos de los hechos. Algunos de ellos lograron apreciar su ingreso a la base militar y al subteniente “Centauro".

Cuando los efectivos y detenidos llegaron al "Arco" –portal de madera ubicado en una de las esquinas del Estadio Municipal por donde se entra a la Base Militar– se percataron de la presencia de un grupo de personas que venían siguiéndolos. Los militares intentaron dispersarlos, sin lograrlo inicialmente, por lo que decidieron apagar el motor que proveía de energía eléctrica al pueblo y realizaron disparos al aire. Así pudieron cumplir su cometido. Cuando el grupo de seguidores se retiraba, casi a la medianoche, se escucharon nuevamente varias detonaciones. Pero esta vez provenían del interior de la Base Militar.

Al día siguiente, los familiares de los detenidos conversaron con el Sub-Prefecto, Eleodoro Gonzáles, pero en la puerta de la Base, les indicaron que no había ningún detenido. Gonzáles logró hablar con el Sub-Teniente apodado “Centauro”, quien también negó la presencia de estas personas y más bien sugirió que los “terrucos” podrían habérselos llevado. Pese a la insistencia de los familiares y su esfuerzo por permanecer en la puerta del cuartel, fueron desalojados a punta de golpes y disparos al aire.

El párroco de Huancapi, Moisés Morales, llegó a la base militar el día 21 de abril. Logró conversar con el Teniente Carlos Morgan, pero éste negó la detención. Al día siguiente, los familiares volvieron a la Base a reclamar por sus familiares pero nuevamente fueron desalojados con tiros al aire.

Luego de varios días de búsqueda, los familiares volvieron a la base el 24 de abril acompañados del fiscal de Cangallo, el alcalde de Huancapi, el párroco de las madres Franciscanas y el juez de Paz. Las autoridades fueron recibidas pero no los familiares, por disposición expresa de "Centauro".

El Teniente Morgan, quien era la máxima autoridad de la Base Militar, atendió a la comitiva y negó detención alguna. El fiscal, pese a solicitar la identificación de "Centauro", no la obtuvo; luego levantó el acta indicando que los detenidos no estaban presentes en aquel lugar, a cargo del subteniente José Luis Chávez Velásquez, alias "Centauro" y del Teniente EP Carlos Morgan Frisancho.

Los familiares de los desaparecidos denunciaron el hecho, el 23 de abril de 1991, ante el Fiscal Superior Comisionado para los Asuntos de Personas Desaparecidas de Ayacucho y ante el Fiscal Provincial de Víctor Fajardo, quien procedió a denunciar penalmente al Subteniente del Ejército Peruano, José Luis Chávez Velásquez, alias "Centauro", por los delitos contra la libertad individual y abuso de autoridad en agravio de las víctimas. Dicha denuncia fue acogida por el Juzgado de Instrucción de la misma provincia, el 14 de octubre del mismo año.

El 17 de mayo de 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso y transmitió al Estado peruano las partes pertinentes de la denuncia exigiéndole información. El Estado respondió dos meses después –el 29 de julio de 1991– negando que la detención de las víctimas hubiese sido efectuada por efectivos militares. En una comunicación adicional realizada el 10 de setiembre de 1993, manifestó que el Juzgado Militar Permanente de Ayacucho abrió instrucción por los delitos de abuso de autoridad y otros contra el Jefe de la Base Militar y contra los que resultaren responsables.

En 1998 se solicitó a las partes la actualización de la información sobre el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puso a disposición para lograr a una solución amistosa en el asunto. Sin embargo, el Estado ratificó los argumentos anteriores, cuestionó la admisibilidad del caso por falta de agotamiento de los recursos internos y manifestó que no encontraba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa.

En efecto, el 3 de agosto de 1998, el Estado peruano alegó que la investigación judicial no acreditaba la comisión de los hechos imputados y señaló que en dicho proceso los familiares de las personas denunciadas como desaparecidas declararon que no les constaba que habían sido los militares quienes secuestraron a sus familiares. Agregó que el día de los hechos se produjo un paro armado decretado por Sendero Luminoso por lo que se presumía que dichas personas fueron secuestradas por delincuentes subversivos. También adujo la inadmisibilidad del caso por falta de agotamiento de los recursos internos y por improcedencia de la petición.

Actualmente la investigación se ha reabierto y, a solicitud de los familiares de las víctimas, el juzgado ha reconocido la responsabilidad del Estado peruano en los hechos.

Lima, mayo de 2005

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