¿Dónde se inició?
Entre 2023 y 2024, el Congreso ha aprobado una serie de modificaciones a las normas para combatir el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Dichas reformas buscan beneficiar a los investigados, líderes políticos entre ellos; debilitando la acción contra bandas criminales. Frente a las críticas, los congresistas no dudaron en eludir su responsabilidad y culpar a ONG y defensores de DDHH del incremento de la inseguridad. Las mentiras, ahora, alcanzan a los transportistas y sectores afectados por las extorsiones que reclaman frente a la inacción del Estado.
¿Dónde se viralizó?
Este argumento contra las ONG y los derechos humanos, como si se tratará de un elemento que obstaculiza luchar contra la delincuencia; es usado constantemente por actores políticos, autoridades y diversos sectores que pretenden responder por aprobar normas para beneficiar a líderes políticos investigados. En medios de comunicación donde tienen tribuna por ser autoridades y actores políticos públicos; así como, con la réplica de militantes sectores antidemocráticos, la desinformación se repite en redes sociales como “X” superando, en algunos casos, las 100 mil reproducciones por publicación.
¿Por qué esto es falso?
1
Las normas aprobadas por el Congreso generan “un entorno favorable para la proliferación de bandas de extorsionadores y otros grupos delictivos”, como indicó el Colegio de Abogados de Lima en su momento.
2
La corrupción es un elemento fundamental y clave del avance de la inseguridad que vivimos hoy. En octubre, 5 policías fueron detenidos como parte de una banda de extorsionadores en San Juan de Lurigancho; solo por citar un ejemplo.
3
Los actores políticos, en busca de blindar y proteger a sus líderes investigados por crimen organizado, lavado de activos y corrupción han terminado protegiendo los derechos de las bandas criminales. Las ONG no se han opuesto a las prisiones preventivas ni buscan reducir la acción de la justicia contra los delincuentes.
¿Por qué importa?
Porque solo en 2023, 45 mil peruanos fueron víctimas de secuestros o extorsiones. En lo que va del 2024, casi una decena de transportistas fueron asesinados por no ceder ante la extorsión. Porque en lugar de políticas públicas eficaces contra el crimen, se debilita la acción de la justicia frente a las bandas, pero se endurecen contra los ciudadanos que protestan porque los están matando. Porque autoridades que aprueban normas pensando en blindar a sus partidos, líderes o aliados nos ponen en peligro a todos y todas.
¿Quieres saber más sobre esta noticia falsa?
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