¿Dónde se inició?
La respuesta del gobierno y el Congreso frente a las movilizaciones ciudadanas por el incremento de la delincuencia y los asesinatos de víctimas de extorsionadores por no pagar cupos, ha sido minimizar, deslegitimar y criminalizar esas protestas y demandas. El discurso ha escalado hasta calificar como “traidores” a quienes convocan a movilizaciones para la semana del 11 al 16 de noviembre, porque se realizará en el marco de la Cumbre APEC que reunirá a líderes de más de 20 países en Lima.
¿Dónde se viralizó?
Este discurso es difundido por altos funcionarios del Estado (Ejecutivo y Congreso) en declaraciones públicas y diversos medios de comunicación. El argumento es replicado en sus redes sociales y por operadores (como medios digitales) tanto con publicaciones propias, pero con el mismo lenguaje, como en reposteo de las declaraciones de las autoridades como en comentarios en las publicaciones que respaldan las movilizaciones.
¿Por qué esto es falso?
1
Traición a la patria es un tipo de delitos contemplados en el Código Penal referidos a confabular con ejércitos o Estados extranjeros para someter al país. Por lo tanto, movilizarse exigiendo al Estado que actúe contra el crimen organizado y garantice el derecho a la vida de las personas no es traición.
2
Movilizarse es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política. Según la carta magna “reunirse pacíficamente sin armas” es un derecho que puede ejercerse en cualquier momento. Una Cumbre Internacional no pueden limitar su ejercicio.
3
Las movilizaciones no impiden las inversiones, los acuerdos entre los líderes que participan en la Cumbre ni daña la imagen del país anfitrión. En todas las Cumbres Internacionales hay manifestaciones ciudadanas, como ocurrió en APEC 2023 en Estados Unidos.
¿Por qué importa?
Porque penalizar y criminalizar el ejercicio de un derecho ciudadano es una práctica común en los gobiernos no democráticos. Experiencias como Venezuela y Nicaragua nos muestran lo que sigue: reducir el derecho de movilizarse y opinar que tenemos todos y todas; blindar el uso indiscriminado y abusivo de las fuerzas del orden. Las manifestaciones exigen que el Estado garantice el derecho a la vida y combata al crimen; pero, las autoridades prefieren perseguir y amenazar a los ciudadanos y ciudadanas poniéndolos en peligro.
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