La FIDH y sus organizaciones miembro en Perú presentan una nota que denuncia el deterioro democrático y la captura de la institucionalidad por parte de un proyecto político conservador y antiderechos. Destacan la crisis política que ha llevado a la sucesión de presidentes y Congresos, así como la inestabilidad provocada por Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular. Se menciona la agudización de la disputa política, la corrupción generalizada y los impactos de la pandemia de COVID-19. El texto también menciona la respuesta represiva del Estado a las protestas sociales, con un saldo de muertes y violaciones de derechos humanos. Se critica la captura del Tribunal Constitucional, la intervención en los órganos electorales y otros intentos de consolidar el autoritarismo y la regresión de derechos.
Las organizaciones instan al Estado peruano a garantizar la independencia de los poderes, respetar los derechos humanos y responder a las demandas ciudadanas. También hacen un llamado a la comunidad internacional para que establezca mecanismos de seguimiento, condicione acuerdos comerciales al respeto de la democracia y los derechos humanos, y apoye a las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos.
