Ayer, 14 de mayo de 2026, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República notificó la Ejecutoria Suprema del caso Chaupiorcco, mediante la cual se declaró la nulidad de la sentencia de 15 de diciembre de 2022 y ordenó un nuevo juicio oral. La sentencia había absuelto a los procesados por la ejecución extrajudicial de cinco campesinos en Apurímac, en enero de 1988.
Esta decisión constituye un avance fundamental en la búsqueda de verdad y justicia, pues determinó que el caso no podía analizarse de manera aislada ni como un hecho común, sino tomando en cuenta que ocurrió en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, bajo patrones de actuación sistemática durante el conflicto armado interno, y que los hechos investigados constituyen delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos.
La importancia del pronunciamiento no se limita a este caso. El Colegiado también se pronunció las leyes de impunidad promovidas por el Congreso de la República para impedir la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos. La Sala Suprema decidió inaplicar la Ley N° 32107, conocida como Ley de Prescripción, y la Ley N° 32419, conocida como Ley de Amnistía, y reafirmó que el Estado peruano tiene la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar estos hechos.
Respecto de la Ley de Prescripción, precisó que la reciente Sentencia de Pleno 190/2025 del Tribunal Constitucional sobre la referida norma no impide que los jueces ejerzan control de constitucionalidad y convencionalidad. Así, reafirmó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y que la prescripción no puede aplicarse a hechos de esta gravedad, pues el derecho a la verdad impide que el paso del tiempo extinga el deber estatal de investigarlos. En el mismo sentido, sobre la Ley de Amnistía, recordó que ninguna amnistía puede impedir la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este pronunciamiento constituye un claro triunfo para el acceso a la justicia y el derecho a la memoria y a la verdad de las víctimas. A más de tres décadas de los hechos, el caso Chaupiorcco demuestra que el paso del tiempo no puede borrar el derecho de las familias a conocer la verdad, y que donde hubo graves violaciones a los derechos humanos, ninguna ley puede cerrar el camino hacia la justicia.
Ahora corresponde que el nuevo juicio oral se realice con debida diligencia, garantizando una valoración integral de las pruebas y el respeto de los derechos de las víctimas y sus familiares.
Los invitamos a oír los testimonios de los familiares de las víctimas en el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=BSu4gw3WJ7g.
