¿Dónde se inició?
El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume señaló en una entrevista en RPP Noticias que la responsabilidad de las muertes durante las protestas no recae sobre la presidenta sino que es responsabilidad de los mismos manifestantes “que generaron caos” en el país, promovidos por grupos “izquierdistas, comunistas y caviares”.
Adicional a ello, Ernesto Blume Fortini , abogado y asesor de la presidenta Boluarte declaró que en su momento le exigió a la presidenta “aplicar más represión” contra las manifestaciones que se desarrollaban en el país “porque estaban generando el caos”.
¿Dónde se viralizó?
Este discurso que equipara la suscripción de Tratados Internacionales con la “sumisión” y “ataque” a la soberanía nacional proviene de actores políticos y altos funcionarios públicos con un claro enfoque conservador, vinculado incluso a sectores religiosos. Entre sus principales difusores, el 2024, están congresistas de la República como Alejandro Aguinaga y Alejandro Muñante; partidos políticos como Renovación Nacional y medios de digitales.
¿Por qué esto es falso?
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La represión fue ordenada desde los altos niveles de gobierno El informe de Amnistía Internacional, “¿Quién disparó la orden?”, detalla cómo decisiones de la presidenta, los ministros y los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú resultaron en la muerte de más de cincuenta peruanos en las protestas, con mayor concentración en Puno y Ayacucho. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó la falta de responsabilidad de los altos funcionarios, y el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó denuncias constitucionales contra la presidenta y seis exministros por homicidio calificado y lesiones graves.
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Existe material gráfico y audiovisual que comprueba que militares y policías hicieron uso desmedido de la fuerza. Diversas publicaciones periodísticas han recogido testimonios en fotos y videos que demuestran que las fuerzas del orden hicieron uso indiscriminado de la fuerza, usando armas letales para la dispersión de los manifestantes e incluso disparando por la espalda a personas que no participaban de los actos de protesta, como es el caso de Raúl Samillán, joven estudiante de medicina asesinado en Puno.
¿Por qué importa?
Porque el discurso de criminalización de la protesta se aplica en todo momento y limita el derecho a la libre protesta y la movilización pacífica. Además le da herramientas a la policía y las Fuerzas Armadas para que repriman descontroladamente las manifestaciones promoviendo además la impunidad frente a estos hechos.
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