¿Dónde se inició?
El 5 de junio de 2024, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó el Dictamen que modifica las normas que regulan la Cooperación Internacional. Semanas antes, durante y después de la votación el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzáles Olaechea, el presidente de la Comisión, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), congresistas, medios de comunicación y diversos actores usaron el argumento, falso, de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) trabajan sin rendir cuentas y sin ninguna fiscalización. Se habló de montos millonarios de dinero que circulaban sin control.
¿Dónde se viralizó?
Esta falsa información sobre la fiscalización de los fondos de cooperación internacional utilizados por las organizaciones no gubernamentales fue difundida por altos funcionarios del Estado, medios de comunicación masivos (diarios, canales) y operadores en redes digitales que incluyeron medios digitales. Desde publicaciones con mensajes multimedia que pueden superar las 20 mil reproducciones hasta comentarios y respuestas a las publicaciones de las organizaciones.
¿Por qué esto es falso?
1
El uso de fondos de la cooperación internacional por parte de las ONG SÍ es fiscalizado y supervisado. Entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera, la SUNAT y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) lo informaron así a la Comisión. Y las cooperantes realizan auditorías independientes a organizaciones y proyectos que financian periódicamente.
2
Los 195 reportes de Operaciones Sospechosas recibidos por la UIF entre 2018 y 2020 no corresponden a ONG. El mismo Dictamen aprobado por la Comisión congresal señala que fueron de Organizaciones Sin Fines Lucro (OSFL) dedicadas a la ayuda social, actividades religiosas o empresa de préstamos registradas como OSFL.
3
El Dictamen no fortalece la fiscalización ni la supervisión de las ONG. Sobrecarga a entidades supervisoras con información y funciones para las que no tienen recursos. Estigmatiza las actividades que busquen mejores políticas públicas y alcanza a cualquier entidad que reciba cooperación (donaciones, asistencia técnica o fondos) desde fundaciones, gremios o hasta una empresa privada.
¿Por qué importa?
Porque el proyecto busca limitar el ejercicio de los derechos de asociación y participación en la vida política, social y económica del país que la Constitución reconoce. Porque es parte de un grupo de normas que buscan que los ciudadanos y ciudadanas no fiscalicen al poder ni cuestionen las decisiones que toman y nos afectan a todos. Porque experiencias como Venezuela, Bolivia y Nicaragua muestran que esto es un paso más hacia un régimen antidemocrático y previo a criminalizar cualquier opinión crítica.
¿Quieres saber más sobre esta noticia falsa?
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