LA PENA DE MUERTE AYUDARÁ A DISMINUIR LA DELINCUENCIA

¿Dónde se inició?

La pena de muerte en el Perú suele ser un recurso utilizado por políticos para ganar popularidad. En 2024, el feminicidio de Sheyla Cóndor fue aprovechado por el congresista Jorge Montoya para retomar la oferta, lo que fue replicado en medios locales y nacionales. Grupos conservadores y seguidores del parlamentario usaron el tema para reavivar el argumento de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y desligarnos del Sistema Interamericano, lo que beneficiaría a militares y policías implicados en violaciones de derechos humanos.

¿Dónde se viralizó?

El recurrente recurso de la pena de muerte se reactivó con las declaraciones del congresista Jorge Montoya y, en medio de la indignación por un feminicidio reciente. Montoya agregó otros delitos para sancionar de esa manera. Medios afines, cuentas “troll” y otros actores políticas respaldaron su discurso, aprovechando para descalificar a quienes cuestionan la medida debido a los compromisos internacionales vigentes, acusándolos de “caviares” y defensores de delincuentes y terroristas.

¿Por qué esto es falso?

1

La Constitución regula la pena de muerte para traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo (art. 140), y cumpliendo los tratados internacionales. La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece límites estrictos para su aplicación.

2

La pena de muerte no disuade a las personas que cometen delitos. De acuerdo a especialista y organizaciones especializadas, no hay evidencia del efecto disuador de la pena de muerte ni que evite que los delincuentes actúen.

¿Por qué importa?

Porque no solo se trata de si se implementa o no la pena de muerte. Porque para implementarla deberíamos retirarnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), quedando todos los ciudadanos y ciudadanas desprotegidos frente a la violación de sus derechos. Porque ofrecer es un recurso populista de los actores políticos para desviar la atención. Porque, en lugar de diseñar políticas públicas eficaces para enfrentar el delito, usan una opción que saben no podrá implementarse. Porque en los países en los que se ha implementado el crimen no ha disminuido.

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