Asimismo, por la falta de atención oportuna, trato inhumano y no brindar información sobre estado de salud de paciente del Hospital MINSA – San Juan de Lurigancho.
El pasado viernes 7 de agosto, Maritza Tenorio Huamaní –quien se encontraba en los últimos meses de embarazo–, acudió de emergencia al Hospital MINSA de San Juan de Lurigancho, debido a que se le rompió la fuente. Llegó a dicho nosocomio a las 10:00 a.m. junto a su conviviente, Julio César González Cutipa a quien no dejaron ingresar y sólo le informaron que el bebé no tenía latidos y que le iban a hacer una prueba para descartar que Maritza estuviera contagiada de Covid-19.
No se tuvo mayor información sino hasta aproximadamente las 6:00 p.m. en donde les dijeron que dio positivo al Covid-19, que debía pasar a Sala para realizarle una cesárea y que para ello debía comprar todo lo necesario ya que en el Hospital no tenían los insumos necesarios. La operación se realizó a las 6:30 p.m., es decir, luego de más de 8 horas de espera.
Aquel día ningún médico o personal de salud salió a brindar mayor información a los familiares, quienes ya en horas de la noche recibieron una llamada telefónica ante las gestiones realizadas desde APRODEH ante la Procuraduría Pública Supranacional; asimismo, se les indicó que se apersonen temprano al día siguiente para que un médico les brinde detalles.
A pesar de que los familiares acudieron a primera hora, el médico nunca salió. Sólo una técnica salió e informó que el médico ya se retiró ante el cambio de turno y que deben tramitar el certificado de defunción del bebé. Aparte de ello, les informaron que el SIS sólo cubre gastos de cremación, si deseaban realizarle un funeral al bebé asumen todos gastos.
La familia insistió para que le entreguen los restos, finalmente recibieron el pequeño ataúd con la indicación de no abrirlo ya que según el certificado médico el bebé falleció por el Covid-19. La familia decidió abrir el cajón y se percataron que el bebé no estaba ahí, sólo un taper conteniendo una placenta.
Ante las gestiones realizadas y la presión mediática (ayer domingo, Maritza fue dada de alta ante las cámaras de la prensa y -a pesar de la reciente intervención quirúrgica-, salió a pie del Hospital siendo recibida por su familia quienes estaban todos estos días esperando); el día de hoy se tuvo una reunión entre los familiares, integrantes del Área Legal de APRODEH, el Director del Hospital, MC. Pablo Córdova Ticse, personal de SUSALUD, entre otros funcionarios; reunión donde se aceptó que se “cometió un error” y que se iniciará una investigación exhaustiva sobre el caso y que el cuerpo del bebé será finalmente entregado hoy mismo.
Lo sucedido genera un daño irreparable y un profundo dolor en Maritza y su familia. En palabras de Gloria Cano, responsable del Área Legal de APRODEH, “Maritza es hija de don Rigoberto Tenorio Roca, miembro del Ejército desaparecido en 1984 a manos de miembros de la Marina de Guerra en Huanta – Ayacucho. Ella y su familia han luchado por encontrar justicia, llevando el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se señaló la responsabilidad del Estado peruano quién debía proveerles de acceso a la justicia, una reparación económica y reparación integral en salud. Ninguno de estos puntos se ha cumplido. La familia, en especial Maritza, vuelve a vivir la angustia de no saber dónde está el cuerpo de un ser querido, la falta de información de la autoridad y su indiferencia. Maritza ha revivido nuevamente lo sufrido por su familia, esta vez reclamando el cuerpo desaparecido de su bebé.
Asimismo agrega que, “es clara para nuestra organización que no hubo una acción médica oportuna, la falta de información oportuna a la familia y la negligencia en la falsa entrega del cuerpo del no nato. Evidentemente es una conducta que puede acarrear daño físico y psicológico a la madre y a su familia.”
Sumado a esta terrible situación con el Hospital, la familia relata la ingrata experiencia que sufrieron al acudir a la Comisaría para interponer la respectiva denuncia, siendo que la Fiscal Penal de Turno señaló que dicha denuncia no procedía dado que “al retirar el cuerpo, ya habían dado su conformidad”.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, expresamos nuestra profunda preocupación y enérgica exigencia para que se realicen las investigaciones necesarias de manera efectiva y oportuna a fin de identificar a los responsables y que los mismos sean sancionados. Asimismo, que se brinde una atención médica integral (incluyendo lo referente a salud mental) a favor de Maritza Tenorio y su familia. De igual manera, que desde Control Interno del Ministerio Público se realicen las indagaciones correspondientes ante la respuesta negativa de investigar los hechos por parte de la Fiscal de Turno.
Expresamos nuestro categórico rechazo al mal proceder en desmedro de los derechos de Maritza Tenorio, cuyos familiares no fueron los únicos quienes estaban de pie frente al Hospital San Juan de Lurigancho esperando noticias sobre el estado de salud de los pacientes. La negativa de información aduciendo protocolos médicos debe investigarse y en su oportunidad sancionarse.
