Las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos son, por naturaleza, complejas. Estas suelen involucrar a agentes del orden o a terceros que actúan con su consentimiento, y muchas de ellas ocurrieron décadas atrás. Por ello, requieren de personal altamente especializado, capacitado no solo en técnicas de investigación, sino también en el enfoque de derechos humanos y el respeto a la interculturalidad.
Desde el Ministerio Público se ha invertido tiempo y recursos en la formación de equipos con estas capacidades. Sin embargo, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la decisión de apartar de sus funciones a la fiscal superior Raquel Cárdenas Manrique, quien venía desempeñándose como coordinadora del Área Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, y como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (EFICAVIP).
Su reemplazo por la fiscal Rosario Isabel Quico Palomino, quien no cuenta con experiencia comprobada en el ámbito de los derechos humanos y proviene del área de corrupción de funcionarios, representa un quiebre en la continuidad y especialización de estas investigaciones. A ello se suma la designación de nuevos fiscales provinciales, interrumpiendo una estrategia investigativa que se encontraba en curso, justo cuando los plazos legales para las diligencias están próximos a vencerse.
Este hecho, desconcierta tanto a los familiares como a sus representantes, en la medida que lo único que se hace es favorecer a los investigados por estos graves crímenes, al colocar en puestos claves a personal sin experiencia, esto ha llevado a los mismos a manifestar públicamente su rechazo. Ante ello, el vocero del Ministerio Público, Dr. Cubas Villanueva, ha señalado que la salida de la fiscal Cárdenas se debe al nombramiento de nuevos fiscales superiores por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a que su cargo era provisional. Sin embargo, esta afirmación es inexacta: la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional no estaba en concurso.
Advertimos que estas decisiones generan un grave riesgo de peligro procesal en las investigaciones, tanto en los casos de violaciones cometidas entre 1980 y 2000 como en los relacionados con las recientes protestas sociales. Al debilitarse los equipos especializados y colocar en puestos claves a personal sin la formación necesaria, se obstaculiza la posibilidad de acceder a la verdad, garantizar justicia y asegurar una reparación adecuada para las víctimas.
Instamos al Ministerio Público a reconsiderar esta decisión en función del interés superior de la justicia y del derecho de las víctimas a procesos efectivos, diligentes y con enfoque de derechos humanos.
