Las Personas con Discapacidad organizadas en todo el país vienen luchando desde hace varias décadas para conseguir que se respeten sus derechos y se promueva su inclusión social en igualdad de condiciones. Sin embargo, la respuesta no es homogénea desde los diversos sectores del Estado.
A través de la aplicación del cuestionario ENEDIS 2012 – Primera Encuesta Nacional especializada sobre discapacidad – el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) presenta una cifra nacional de 1,575.402 personas con discapacidad, de la cual el 52% es población femenina, y el 48% población masculina, resultado que conduce a considerar el tema de género por las necesidades específicas del colectivo femenino y la problemática que enfrentan por estar sujetas a una doble discriminación: por género y por la condición de discapacidad.
Asimismo, los índices de la referida encuesta muestran la desigualdad social existente que no se condice con el carácter universal de los derechos humanos ya que éstos no pueden ser ejercidos por amplios sectores de la población. Esto lo podemos constatar en diversos aspectos, como por ejemplo, en educación. La encuesta demuestra que el 23,6 % de la población con discapacidad no tiene nivel educativo o sólo tienen educación inicial. Menos de la tercera parte (22,5%) tienen instrucción a nivel secundaria, y sólo un 11,4 % tiene educación superior. Como vemos, los índices de educación en las personas con discapacidad son bajos, lo que demuestra que las barreras que generan discriminación siguen en pie, y son un obstáculo más para afrontar y combatir la desigualdad social.
