Lima y Washington, D.C., 27 de julio de 2021.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al Fiscal José Domingo Perez Gomez y su núcleo familiar tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos fundamentales en Perú. En su decisión, ordena a Perú coordinar con el propio Fiscal y sus representantes las medidas adicionales necesarias para protegerlo, y también, que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que este pueda seguir desempeñando sus labores fiscales sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en su ejercicio. Cruz Silva, de IDL, señaló que “es una decisión histórica, que abre paso a un tema pendiente en el país: la política pública para prevenir y proteger de los riesgos que enfrentan los operadores de justicia al impartir justicia”.
La CIDH tomó su decisión basándose en el contexto de lucha contra la corrupción, los embates a la institucionalidad democrática y el estado de derecho, como también el contexto electoral de acoso y estigmatización contra autoridades electorales y personas que participan en la vida pública del país. Además de considerar que este contexto genera una especial seriedad e intensidad, tuvo en cuenta que al menos desde 2017 el Fiscal ha sido objeto, junto a su familia, de amenazas, ataques, hostigamientos, plantones y actos estigmatizantes, a raíz de la investigación de altas figuras políticas en el país en el marco del proceso Lava Jato. Gloria Cano de APRODEH, señaló que “para el organismo internacional los hechos de gravedad e inminente riesgo a su integridad y vida guardan estrecha relación o coinciden temporalmente de alguna manera con acciones públicas del beneficiario en su labor como fiscal”.
Preocupó especialmente a la CIDH, la campaña de estigmatización reactivadas recientemente y la divulgación de información personal, como su domicilio personal, con fines intimidatorios o extorsivos, ante nuevas actuaciones fiscales en las investigaciones a su cargo. Francisco Quintana de CEJIL, expresó, “ante la presentación de la solicitud internacional de medidas de protección, la CIDH dio la oportunidad al Estado de demostrar estar tomando las medidas necesarias para resguardar los derechos del Fiscal y su familia, y de estar llevando adelante las investigaciones necesarias por lo ocurrido al considerar que estas investigaciones no presentaban avances sustantivos y que en 5 años no se implementaron medidas adicionales de protección, que permitieron que diversos hechos de riesgo continúen ocurriendo, la CIDH otorgó las medidas de protección internacional a su favor y de su núcleo familiar”.
Desde CEJIL, APRODEH e IDL, que presentamos esta solicitud de medidas cautelares, celebramos la decisión y esperamos poder concertar con el Estado peruano las medidas de protección que permitan al Fiscal Pérez ejercer sus importantes funciones en la lucha contra la corrupción en un espacio idóneo y adecuado.
