Luego de más de 10 meses de lucha por parte de diferentes organizaciones y comunidades en contra del estado de emergencia que afectó a diferentes poblaciones del sur peruano, el Gobierno de Martin Vizcarra, ha aceptado no continuar con las medidas de excepción. El pasado 12 de Junio se cumplía el plazo de 60 días de la prórroga del estado de emergencia en Corredor Minero Vial Apurímac – Cusco – Arequipa. Saludamos la decisión que permite que las comunidades recuperen la normalidad, como ocurrió también en Chalhuahuacho, Haquira y Mara -ubicadas en la provincia de Cotabambas- que estuvieron bajo estado de excepción desde agosto de 2017 hasta enero de 2018.
Sin embargo, no dejaremos de mantener nuestra atención en estas zonas en las que predomina el extractivismo, ya que “la excepción se convirtió en regla” y de manera particular, la figura del estado de excepción fue usada irrazonablemente para controlar y criminalizar la protesta, vulnerando así los derechos fundamentales, por las prácticas abusivas del poder. Además, si bien se ha ganado esta lucha para derogar los estados de emergencia, aún continúan las vulneraciones de derechos a estas comunidades, especialmente en relación a su derecho a un medio ambiente sano.
Esperamos que ahora, fuera de este marco de excepción, se reinicien los espacios de diálogo entre el Estado y las comunidades para encontrar una salida al conflicto, lo que se había visto obstaculizado por estas declaratorias.
Sobre el particular, Luciano Ataucuri, presidente de la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y de Ambiente de Cotabambas – Chumvibilcas – Espinar – Paruro y Grau (FIDTACCHEPG), señaló que consideran que la comitiva de la gestión de Vizcarra, ha dado posibilidad de dar inicio a las mesas de diálogo que estaban pendientes con las prórrogas del Estado de Emergencia: “nos habían atado las manos y tapado la boca, pero con el levantamiento del Estado de Emergencia nos dan a entender que de alguna manera hay una apertura para retomar la agenda de trabajo que había quedado pendiente tanto con la provincia de Chumbibilcas, Cotabambas y Espinar”.
Además refiere que la reunión con Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial, ha sido clave para que no se prorrogue esta medida y el próximo 21 de junio se tendrá una reunión con los alcaldes, equipo técnico y Frentes de Defensa para retomar las mesas de diálogo, pero agrega: “Lo que nos sorprende, es que los militares continúan en Challhuahuacho y Cotabambas y que solo se han retirado en el punto del puente Capacmarca y Mara”.
Recuerda que los Estados de Emergencia siempre han privado a las comunidades de las libertades de expresión y de asociación. Asimismo, hace un llamado para que la Defensoría del Pueblo actúe denunciando las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, teniendo en cuenta que debido a las continuas prorrogas del estado de excepción ningún organismo ha denunciado las vulneraciones sufridas por las comunidades. Por último, exige que las empresas mineras cumplan con el marco normativo en materia ambiental.
Finalmente, Luciano Ataucuri solicita al Estado que empiece a escuchar a la población y que se concluya con las mesas de diálogo que se ha estado trabajando.
