NOTA DE PRENSA
Lima, 14 de diciembre del 2018. La Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, liga integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos – FIDH, se dirige a la opinión pública para manifestar su profunda indignación y rechazo a una serie de acciones realizadas por el Estado de Nicaragua, bajo el gobierno de Daniel Ortega – Murillo, en desmedro de diversas organizaciones de la sociedad civil y de los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses.
En efecto, el Estado Nicaragüense, a través de resoluciones de la Asamblea Nacional, canceló la personería jurídica de CENIDH – reconocida institución de derechos humanos en Nicaragua –, así como de varias organizaciones de la sociedad civil como ILLS, IPADE, Fundación del Río, CINCO, Fundación POPOL NA, entre otras.
Se pretende señalar que CENIDH habría utilizado su esquema organizacional para “gestionar, recibir y facilitar fondos para alterar el órden público y realizar acciones para desestabilizar el país”, cargos que rechazamos tajantemente.
Así, al tomar conocimiento de esta deplorable situación desde el día 12 de diciembre de 2018, nos apersonamos a la sede de la Embajada de Nicaragua en Lima – Perú a fin de poder dejar una carta institucional mostrando nuestra preocupación y rechazo a estas medidas. Sin embargo, la comunicación no fue recibida por orden expresa de la embajadora Marcela Pérez Silva.
El día de ayer nuevamente integrantes de APRODEH se dirigieron a la sede de la Embajada de Nicaragua en el Perú solicitando audiencia con la señora embajadora, así como la recepción del documento. Nuevamente se reiteró la negativa de recibir la misiva por orden expresa de la Embajadora y negándosenos la posibilidad de ser atendidos por una supuesta ausencia en sede diplomática y sin información sobre su hora de llegada.
Ante esta actitud, hacemos pública la carta donde expresamos nuestro total rechazo y condena por el accionar de parte del Estado de Nicaragua contra organismos defensores de derechos humanos como el CENIDH. En ese sentido, recordamos al gobierno de Daniel Ortega que el respeto a los defensores de derechos humanos son básicos para un Estado Democrático de Derecho.
Lima, 14 de diciembre de 2018.
