Lima y Washington, D.C., abril 1, 2022. La Corte IDH en audiencia este viernes 1 de abril, escuchó a las víctimas, a la CIDH y al Estado Peruano solicitada por las organizaciones representantes* de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
En la audiencia se solicitó a la Corte IDH que resolviera con claridad que el indulto y la decisión del TC van en contra de las sentencias ya establecidas por ella y que requiera al Estado peruano abstenerse a ejecutar la orden del TC. También se pidió que el Estado peruano cese todo acto destinado a impedir indebidamente que Fujimori termine de cumplir su condenda penal, pues fue condenado por graves crímenes de derechos humanos, equiparables a delitos de lesa humanidad.
La decisión que permitiría liberar a Fujimori fue tomada por el Tribunal Constitucional (TC) de Perú el pasado 16 de marzo, y publicada el 28 de marzo, de manera irregular y sin la debida transparencia, durante un proceso que no contó con la presencia de las víctimas, afectando su derecho de acceso a la justicia. El fallo del TC busca que el indulto fraudulento que se le otorgó en 2017 vuelva a tener vigencia, y del cual la propia Corte IDH y la Corte Suprema del Perú ya se habían pronunciado en contra.
Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortíz Perea víctima del caso La Cantuta, señaló que los familiares de las víctimas no han descansado por denunciar la impunidad y la injusticia, logrando incluso la extradición de Alberto Fujimori. Añadió “Los familiares no podemos cargar con el peso de pensar que somos nosotros los que debemos velar por la justicia. Esa es tarea del Estado y de sus compromisos internacionales, esa es la esperanza que hoy depositamos ante ustedes magistrados de la Corte, y queremos que se pronuncie firmemente sobre estas medidas provisionales que garanticen la justicia, y que se pronuncie sobre el indulto conferido indebidamente”.
Durante la audiencia Gloria Cano, de Aprodeh, señaló en relación al fallo del TC que “esta decisión es contraria a los parámetros establecidos por la Corte IDH en su resolución de 2018 – donde reconoció la inconvencionalidad del indulto. En esa ocasión quedó claro que el otorgamiento del indulto no fue por razones humanitarias, por lo que le ordenó al Estado peruano tomar medidas constitucionales para evaluar su decisión – y busca garantizar la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por Alberto Fujimori”.
Por su parte, Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal – IDL, destacó que el indulto contraviene las obligaciones ya establecidas en las sentencias de los casos de La Cantuta y Barrios Altos, por lo que carece de efectos jurídicos, “el indulto que hoy el TC intenta reestablecer, es un excluyente de responsabilidad que de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial de esta Corte, es inadmisible en casos de graves violaciones a los derechos humanos”. Frente a estas razones Dania Coz, de Comisedh, al cierre de la intervención de las organizaciones representantes también fue enfática solicitando a la Corte que declare procedente la presente solicitud de medidas provisionales.
Esta no es la primera vez que las víctimas y sus representantes acuden a la Corte IDH para proteger sus derechos: las decisiones de la Corte IDH en 2001 y 2006 en los casos Barrios Altos y La Cantuta, significaron un antes y un después en la búsqueda de justicia, verdad y reparación en Perú. Así mismo, fueron clave para toda la región al determinar que la amnistía y la prescripción impiden la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, limitan el acceso de las víctimas a la justicia y el conocimiento de la verdad.
De efectuarse, la decisión del TC representa un gran retroceso e incumplimiento internacional por parte del Estado peruano, a través del propio órgano encargado del control e interpretación de la constitucionalidad y los derechos constitucionales en ese país. David Velazco, Director de Fedepaz, solicitó a la Corte IDH en nombre de las organizaciones y las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, reiterar este mensaje con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.
Al finalizar la audiencia, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL manifestó “la Corte IDH nos ha acompañado por más de 20 años en el combate de la impunidad, la lucha por el conocimiento de la verdad y una efectiva aplicación de la justicia en este caso. Esta es una oportunidad única para que la Corte IDH tome la mejor decisión que ponga un punto final a este largo camino que las víctimas han recorrido desde que ocurrieron los hechos.”
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*Las organizaciones representantes de las víctimas son: la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
