Lima – Washignton, abril 8 de 2022. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy se manifestó decidiendo que el Estado peruano debe abstenerse de liberar a Alberto Fujimori en cumplimiento de sus obligaciones convencionales, luego de que el 16 de marzo los representantes de las víctimas solicitamos su intervención ante la inminente liberación de Fujimori por parte del Tribunal Constitucional peruano. El 30 de marzo de 2022 la Corte ordenó de manera temporal a dicho Tribunal abstenerse de liberar a Fujimori y el día de hoy confirma que Fujimori no puede ser liberado.
La Corte Interamericana realizó un análisis minucioso de la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de Fujimori Fujimori y concluyó que: “la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos al indulto a favor de Alberto Fujimori, no cumplió con las condiciones determinadas por este Tribunal en la Resolución de supervisión de 30 de mayo de 2018 (supra Considerandos 13 a 20). En esta medida, en tanto dicha sentencia es contraria a lo establecido por este Tribunal al interpretar y aplicar la Convención Americana, el Estado debe abstenerse de implementarla en cumplimiento de sus obligaciones convencionales.”
Asimismo, la Corte Interamericana reiteró que, como lo había sostenido ya en su resolución de 2018, “en casos de graves violaciones de derechos humanos la medida o figura jurídica [que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado] debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas […] y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante. Esto no significa que la figura jurídica o medida que tenga que adoptar el Estado sea necesariamente una que ponga en libertad al condenado y, mucho menos, que implique la extinción de la pena”44, sin perjuicio de adoptar otras medidas alternativas que permitan salvaguardar la salud del señor Fujimori.”
Las organizaciones representantes de las víctimas son: la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
