BONO FAMILIAR UNIVERSAL DEBE LLEGAR A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y DE LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS
La pandemia del COVID-19 y el aislamiento social obligatorio han conducido a millones de familias a una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad, pues impiden que éstas accedan a ingresos económicos que les permitan tolerar la grave situación de la emergencia sanitaria. Frente a esta realidad, el gobierno ha dispuesto de una política de subsidios compuesta por el Bono 380, Bono Independiente, Bono Rural 760 y el Bono Familiar Universal, orientada a dar soporte a las familias más vulnerables y a las y los trabajadores independientes, hoy paralizados.
Más allá del propósito de la política de subsidios, gran parte de la población ya agotó sus ahorros, no cuenta con ingresos diarios, se encuentra expuesta al COVID-19 y no ha sido alcanzada por la ayuda económica del estado peruano. Preocupan las serias dificultades del estado para identificar con rapidez y eficacia a las poblaciones y grupos que en estos momentos requieren con urgencia de estos subsidios. Asimismo, las serias debilidades institucionales y la deficiente coordinación entre las instancias involucradas del estado, hacen lentos los procesos para la entrega de los subsidios, y más grave aún, no han permitido visibilizar e incluir a importantes sectores sociales que requieren del urgente apoyo económico.
En su origen, la propuesta del bono universal se propuso unificar y universalizar la política social de subsidios para atender -sin mayor dilación ni trabas burocráticas- la situación crítica por la que atraviesan millones de familias. Con esto se pretendió evitar las limitaciones de las políticas focalizadas, que por su propia naturaleza son siempre excluyentes. En este sentido, el Bono Familiar Universal en su implementación corre el riesgo de perder justamente su carácter universal.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) llamamos la atención sobre la situación de las familias y víctimas del periodo del conflicto armado interno (1980-2000), y de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, que a pesar de encontrarse registradas en su mayoría en el Registro Único de Víctimas (RUV) y el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), no han sido alcanzadas como beneficiarias del Bono Familiar Universal ni por las otras políticas de subsidio consideradas por el estado, aun a pesar de la alta vulnerabilidad de estas poblaciones en el contexto de la emergencia sanitaria. Ante ello, señalamos lo siguiente:
1. En principio, el bono universal debe de cumplir precisamente la naturaleza de su denominación y ser otorgado a toda la población que se encuentra actualmente en condición de vulnerabilidad.
2. Las condiciones de afectación de las familias y víctimas del periodo del conflicto armado interno (1980-2000) y de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, coloca en particular situación de vulnerabilidad a estas poblaciones razón por la cual deber ser consideradas en el otorgamiento del bono familiar universal.
3. Exigimos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), previa coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), se incluya como beneficiarios del Bono Familiar Universal a las poblaciones registradas en el RUV y el REVIESFO, considerando también a aquellas familias que a pesar de no ser parte de estos registros, son víctimas del conflicto armado interno y se encuentran en situación de vulnerabilidad.
4. Finalmente, exhortamos al Ministerio de Justicia y DDHH, a través de la CMAN, sirva de nexo con los Ministerios correspondientes para que se reconozca el derecho de las mencionadas familias a recibir el bono universal y monitorear que ello se cumpla a cabalidad.
La situación de emergencia que vive el país exige que las políticas de subsidios del estado peruano resulten inclusivas, pertinentes y rápidas para responder a las necesidades de millones de peruanas y peruanos.
Lima, 21 de Mayo de 2020
