*Este artículo ha sido publicado en La República el día 15 de junio de 2020 y fue redactado por María Elena Castillo
Fueron afectados por graves violaciones a derechos humanos y muchos de ellos viven en condiciones precarias. Esperan que los tomen en cuenta para el segundo padrón de beneficiarios del bono universal, que sale el 24 junio.
Hace dos semanas, el presidente Martín Vizcarra se disculpó por la demora en la entrega del bono universal que debía ayudar a los más pobres a sobrellevar la cuarentena para evitar el contagio masivo del coronavirus. Entre ese grupo hay muchas víctimas de la violencia política, que hasta ahora no han recibido ningún subsidio monetario ni canasta de víveres.
Deysi Juscamaita Bazán es una de ellas. Cuando aún era una niña, su padre desapareció en Ayacucho, a donde fue en busca de trabajo. Se quedó sola con sus hermanos, hasta que una tía los acogió y como sea lograron salir adelante.
Ella se ganaba la vida vendiendo ropa en Gamarra, pero pocos días antes de comenzar la cuarentena viajó a La Libertad porque su hija mayor, de 21 años, debía ser operada de la vesícula. Allí la sorprendió la inmovilización. Ya tiene más de 90 días sin trabajar, viviendo de lo que les pueden dar los familiares del padre de su hija.
“Estábamos esperanzados del bono independiente, pero nada; entonces pensamos en el bono universal, y tampoco. No nos han dado ninguna ayuda. Estamos olvidados por el Estado”, lamenta.
Ni siquiera puede volver a Lima, donde vive con su hijo menor, en un cuarto alquilado en San Martín de Porres.
“No he podido pagar el cuarto todo este tiempo, pero por suerte me van a esperar hasta donde puedan, pero no sé cómo voy a hacer con todas las deudas. Sin trabajo, sin bono, sin víveres. Nada nos ha tocado”, refiere.
Su vida no ha sido fácil. Su madre falleció cuando era muy pequeña, y cuando tenía 10 años, su padre, Pastor Juscamaita Laura fue detenido por efectivos de la base militar de Huanta, y nunca más lo volvieron a ver. Este caso forma parte de la solución amistosa que suscribió el Perú con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2001, y hasta ahora no hay justicia para ella.
28 años de espera
La situación tampoco es fácil para Ricarda Ventocilla. Desde que su padre, Rafael, y sus hermanos Alejandro y Simón, fueron asesinados por miembros del destacamento militar Colina, en 1992, se hace cargo de su madre que padece de cáncer y tiene artrosis.
Vive en el distrito de Santa María, en Huacho, en la misma casa de donde sus familiares fueron secuestrados antes de ejecutarlos extrajudicialmente. No tiene trabajo y su esposo es agricultor, pero con esta pandemia no hay jornales como antes. No ha recibido bono de ningún tipo ni le ha tocado canasta de víveres.
“No sé por qué, pues a mis vecinos sí le han dado alimentos. Pero pasaron por de largo por nuestra casa. Nos dijeron que volverían, pero no lo hicieron”, indica. Eso fue a mediados de abril. Nunca más volvieron.
Ricarda tenía 20 años cuando asesinaron a sus familiares y como hermana mayor se quedó a cargo de sus hermanos. Mal que bien todos terminaron la secundaria pero viven con mucha precariedad.
“Mi mamá está muy delicada. Necesita medicina, usa pañales. Es muy doloroso verla así y no poder darle todo lo que necesita”, expresa.
Tiene tres hijos, el menor de 15 años, y además cría a un sobrino de 8 años. En su casa no hay luz eléctrica ni agua potable. Y con la pandemia las necesidades han aumentado.
“No salí en ningún bono y me inscribí en el bono universal, pero nada”, comenta desalentada. También acudió a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) para las víctimas de la violencia política, pero no ha tenido respuesta.
Su padre, Rafael Ventocilla Rojas fue militante de Acción Popular y por diez años llegó a ser alcalde del distrito de Cochamarca, en Oyón. Sus hermanos asesinados eran profesores y militantes de Izquierda Unida. El mismo día que los mataron desapareció el periodista de Huacho, Pedro Yauri. Todo habría sido cometido por el Destacamento Colina.
Necesitan apoyo
La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, indica que solo un grupo de víctimas de la violencia política ha accedido a algún tipo de ayuda, sea el bono o la canasta, pero la mayoría sigue esperando.
Señaló que la información oficial es muy escueta, sin embargo, a las diversas organizaciones que llevan casos de derechos humanos, les llega testimonios sobre las dificultades en que viven los familiares y víctimas de la guerra interna de 1980 al 2000, durante la pandemia.
Les han comunicado, por ejemplo, que algunas socias de la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), con sede en Ayacucho, lograron ser incluidas en los bonos, pero han tenido dificultad para recibirlo porque viven en zonas muy alejadas.
Pero el conjunto de afectados es mucho más grande. En el Registro Único de Víctimas (RUV) hay más de 240 mil personas inscritas y plenamente ubicadas. Por ello, la doctora Cano opina que el sector Justicia, entre otros, debió participar con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en la elaboración del padrón para el bono.
Un alto porcentaje de víctimas vive en lugares apartados, donde no hay internet o no saben cómo utilizarlo, por lo cual no saben que son beneficiarias. Ante esa realidad, la abogada propone que la CMAN y otras direcciones del Ministerio de Justicia que relación con ellos, así como la Defensoría del Pueblo, que tiene oficinas en todas las regiones, pueda contactarlos para comunicarles si les tocó el bono y cómo hacer para cobrarlo.
“Han sufrido situaciones graves como la desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales de sus familiares, lo que ha cortado sus proyectos de vida. La mayoría quedaron en abandono, huérfanos o con mucha dificultad para desarrollarse. Y ahora, con la cuarentena, su condición ha empeorado”, refiere la abogada.
Ese es el caso de Walter Huisa. En 1990, cuando tenía 3 años cuando una patrulla militar detuvo a su padre, Marcos Zacarías y otros 17 comuneros de Collpa Cashahui, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, acusándolos de terroristas. Fueron ejecutados y algunos continúan desaparecidos.
“Nos quedamos cinco hermanos huérfanos. Con mi tía hemos crecido. Como no henos podido estudiar, ahora me dedico a la chacra nomás. Necesitamos apoyo”, reclama. A él tampoco le tocó ni bono ni canasta. Tiene cuatro hijos que no sabe cómo alimentar.
Hace dos años el Poder Judicial confirmó sentencia condenando los responsables y fijando una reparación civil, que ahora sería de mucha ayuda para los familiares. Sin embargo, hasta ahora no han recibido nada.
El caso de Segundina Alanya Taipe se siente igual de olvidada. En 1990, su padre, productor de café, fue detenido junto a otros cafetaleros en la zona de Chilcamayo, en Junín, por una patrulla militar y no los volvieron a ver más.
Ella y sus cinco hermanos quedaron solos y solo pudieron estudiar la primaria. Vive de la agricultura en Río Negro, Satipo, pero casi no sale por miedo a contagiarse de coronavirus. Hasta ahora no hay contagiados allí porque la zona está controlada por los ronderos, pero el hambre aprieta fuerte.
“No nos tocó bono, tampoco canasta. Vivimos de lo que hay en la chacra nomás. Plátano comemos, lo que hay nomás”, relata.
Pese a todo aún tienen esperanza de ser incluidos en la segunda lista del bono universal, que saldría el próximo 24 de junio. No pierden la fe de que al fin el Estado se acordará de ellos.
