Un atentado contra la justicia y la memoria del país
El Congreso de la República, con apenas un 2 % de aprobación, ha aprobado a través de su Comisión de Constitución un dictamen que busca cerrar las investigaciones por violación sexual, asesinato, tortura y desaparición forzada cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los Comités de Autodefensa, denunciados o procesados por estas graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000.
Una vez más, el Congreso se pone del lado de los criminales. Esta ley de amnistía no solo es inconstitucional, sino que viola las obligaciones del Estado peruano, establecidas en tratados internacionales de derechos humanos.
La Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, que ha acompañado durante décadas a centenares de personas agraviadas, alerta que esta ley carece de fundamento jurídico. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como el Tribunal Constitucional del Perú han señalado que este tipo de normas no tiene efectos legales. La Corte IDH, en la sentencia del caso Barrios Altos, ya determinó que los Estados no pueden escudarse en leyes de amnistía para evadir su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos.
Uno de los casos emblemáticos que quedaría en la impunidad gracias a esta ley es la desaparición forzada de seis candidatos de Izquierda Unida Socialista y la ciudadana Honorata Oré, ocurrida en Huancapi, Ayacucho, en abril de 1991. Zenón Huamaní Chuchón, Eleuterio Fernández Quispe, Napoleón Quispe Ortega, Onofredo Huamaní Quispe, Luis Amaru Quispe, Julio Arotoma Cacñahuara y Honorata Oré —embarazada de ocho meses— fueron detenidos por una patrulla militar de la Base de Huancapi, al mando del entonces subteniente José Luis Israel Chávez Velásquez, alias “Centauro”. Desde entonces, su paradero permanece desconocido. Toda la lucha de sus hijos y familiares por alcanzar justicia quedaría, con esta ley, sumida en la más dolorosa impunidad.
De aprobarse este proyecto de ley en el Pleno del Congreso, confiamos en que el sistema de justicia —a través de jueces y fiscales— la inaplicará por ser abiertamente inconstitucional.
Desde el Congreso con la peor aprobación popular de la historia reciente, se ha abierto la puerta a la impunidad para casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, dejando a miles de familias desamparadas y sin acceso al derecho fundamental a la verdad y la justicia. El Perú tiene compromisos internacionales que debe respetar, y este proyecto de ley los vulnera de forma directa e inaceptable.
