En un contexto de amenazas al Poder Judicial, la Corte Suprema confirmó las condenas en el caso Mariela Barreto y declaró infundada la prescripción, marcando un precedente clave para los casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Después de casi cuarenta años de incansable lucha, la familia de Mariela Barreto, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército secuestrada y asesinada en 1997, ha encontrado justicia. A más de dos años de emitida la sentencia de primera instancia, la Sala Suprema Penal Transitoria declaró no haber nulidad en las condenas emitidas contra Santiago Martin Rivas, Carlos Sánchez Noriega, y elevo a 15 años la condena de Salinas Zuzunaga, de acuerdo a la información del portal de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la Corte Suprema declaró nula la absolución de Juan Yanqui Cervantes.
Con el fin de sustraerse de su responsabilidad, el sentenciado Sánchez Noriega solicitó ante la Corte Suprema que se declare la prescripción de la acción penal y la nulidad del proceso en virtud de la Ley N° 32107, “Ley que regula los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana». Sin embargo, la Sala declaró infundada dicha excepción.
Esta decisión adquiere especial relevancia luego de que la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026 defendiera la independencia e imparcialidad de la institución, manifestando que los jueces no serían herramientas de impunidad. En respuesta, el pasado 10 de enero, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi presentó un oficio a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial para que sancione a jueces que no apliquen la Ley N° 32107.
Actualmente, los jueces que conocen casos de violaciones graves violaciones a los derechos humanos, como el presente caso, son objeto de intromisión y acoso por parte del presidente del Congreso Fernando Rospigliosi. El 12 de enero, Rospigliosi publicó una columna donde señalaba que en el caso de la masacre del Cayara (Ayacucho), donde uno de los principales acusados ha solicitado la prescripción, “Si estos magistrados no acatan la ley, deberán ser denunciados de inmediato ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y penalmente, porque están cometiendo un delito”. Incluso se conectó a la audiencia judicial ese mismo día, a fin de ejercer presión sobre los magistrados.
Por ello, el que la Corte Suprema haya declarado infundada la excepción de prescripción, ejerciendo su autonomía y facultad para inaplicar leyes inconstitucionales, es una clara respuesta a quienes solo desean impunidad.
El caso de Mariela Barreto cuenta con un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde el Estado peruano reconoció responsabilidad de estos execrables hechos. APRODEH, quien representa a los familiares, continuará acompañando y monitoreando el cumplimiento de dicho acuerdo.
