Con motivo del resurgimiento del Conflicto de Tía María, ha venido circulando estos últimos días un documento denominado “Acuerdo por el Desarrollo”, firmado por diversas “personalidades” del mundo político, empresarial, académico y periodístico, que casi fungiendo de garantes de la denominada “nueva minería”, declaran que creen en ella, en sus posibilidades de que beneficie a las poblaciones locales, que genere desarrollo y no contamine el ambiente. Además señalan a modo de receta, unas tareas para el Estado, la empresa y para la propia sociedad civil, que en teoría harían posible la minería moderna para el desarrollo de todos.
Curioso documento, desde su denominación, porque el mismo expresa una postura a favor de la minería, pero acordada o consensuada solo entre un grupo de interés, aquellos que de una u otra manera siempre están vinculados al sector empresarial, y por supuesto quieren que los proyectos mineros se desarrollen. Curioso también porque siendo un “acuerdo”, el principal actor de este conflicto, que es nada menos que la población del Valle de Tambo, está absolutamente ausente, para ellos solo queda en dicho documento, las recomendaciones de cómo comportarse: “tomar la minería moderna como una oportunidad de desarrollo” y por supuesto capacitarse para acceder a los recursos que se genere y para vigilar que la empresa cumpla.
Este documento no pasaría de ser una anécdota más sobre los desatinados intentos de intervenir en la gestión de los serios conflictos que afronta el país (nada menos que con acuerdos tomados por conocidos personajes), pero seguro es importante tomarlo en cuenta como un hecho sintomático.
Sí, es sintomático, de un lado porque el documento en sí mismo no hace sino confirmar que en nuestro país estamos acostumbrados a construir propuestas, a definir acuerdos e incluso tomar decisiones, solo desde determinados grupos, invisibilizando a los actores más importantes, la propia población, y por supuesto ignorando sus preocupaciones. De otro lado, el documento da cuenta de la inercia en la que hemos caído, tratando siempre de responder con propuestas simplistas y repetitivas, a temas tan complejos que expresan problemas profundos y que entrañan asuntos estructurales que habría que empezar a transformarlos.
Aquí la cuestión no es si la gente quiere o no dialogar, no se trata simplemente de que el Estado o la Empresa por fin se animen a hacer las cosas de manera adecuada. Aquí el tema real es muy serio y difícil de solucionar. En el fondo estamos discutiendo los límites y el agotamiento un modelo de desarrollo, que entra en real tensión con las formas tradicionales de vida de la gente. El problema son las disputas por los recursos y el territorio, el reclamo es por la pérdida del rol tutelar del Estado como garante de su propia población y las condiciones básicas que debe asegurarles para convivir con este tipo de actividades.
Es absurdo solo llamar a que el Estado le prometa a la población que la mina no los dañará, a que la empresa diga que cumplirá con sus compromisos, que la población acepte una actividad de esa naturaleza, y es absurdo porque simplemente no hay condiciones para que esto se cumpla. La minería no representará oportunidad para ningún pueblo, si antes no se subsanan los graves daños que ha cometido, si no le demostramos con hechos reales que puede generar progreso y no solo pobreza y contaminación. La gente empezará a pensar en la minería como una posibilidad cuando se pongan reglas claras, que sean la garantía de que tienen un Estado que no solo apuesta por la inversión económica, sino que está dispuesto a responder, proteger y apostar por sus ciudadanos.
