Frente de Defensa de Abancay y alcaldes se pronuncian por la detención del presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas y piden diálogo

Ayer 21 de marzo (por la mañana) Gregorio Rojas, dirigente de la comunidad campesina de Fuerabamba denunciaba en un medio nacional la falta de consulta a su comunidad para la construcción de una carretera por donde transitan actualmente más de 300 encapsulados sacando el mineral al puerto Matarani.

Sorprendentemente por la noche del mismo día, el dirigente fue detenido en Lima junto con Jorge y Frank Chávez Sotelo, debido a una orden judicial por supuestamente formar parte de una organización criminal Los Chavelos, dedicada al delito de extorsión.

Gregorio Rojas afirmó en dicha entrevista que ellos han buscado siempre el diálogo para solucionar este conflicto, solicitó a la Empresa minera que converse con la comunidad,  indicó “el Estado no tiene el expediente técnico para la construcción de la carretera, sin embargo reclasificó sin consulta y ahora es una carretera nacional, no puedo abrir por tu patio una carretera nacional, sin consultar, que nos muestren el permiso” agregó

Por otro lado informó que el pasado 13 y 14 de marzo el gobernador de Cusco ha tenido reunión con los alcaldes de Chumbivilcas y se propone hacer una carretera alterna, indicó que esa podría ser una alternativa.

La comunidad lleva varios meses protestando en desacuerdo por la construcción de esa carretera por donde traslada minerales la empresa MMG – Las Bambas y desde hace 50 días tuvieron que tomar medidas más fuertes, protestando en la carretera; sin embargo estas medidas fueron tomadas luego de ser absolutamente ignorados en sus demandas.

Frente a estos hechos, el Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Abancay – FREDIPAB, se pronunció exigiendo el cese a los abusos y maltratos cometidos por parte de la Empresa Minera MMG – Las Bambas así como por el Gobierno mediante la aplicación de Estados de Emergencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitan también la liberación del dirigente Gregorio Rojas Paniura, presidente de la Comunidad de Fuerabamba, detenido en Lima , por falsas acusaciones, asimismo solicitan la urgente instalación de una mesa de diálogo liderada por el presidente Martín Vizcarra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otro pronunciamiento de fecha 21 de marzo, seis alcaldes de los distritos de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac, exigen el respeto a los derechos de propiedad de la Comunidad Campesina de Fuerabamba en el fundo Yavi Yavi invocando a la empresa MMG – Las Bambas y al Gobierno llegar a una solución pacífica.

Estas protestas se dan desde el 2015, donde cinco defensores perdieron la vida en protestas por los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental – EIA del proyecto minero las Bambas, ese cambio implicó seguir agudizando el conflicto porque la empresa ya no construiría un mineroducto como inicialmente indicaba, sino trasladaría los metales por una carretera, la misma que tampoco fue consultada .  Asimismo desde esas fechas el Estado ha decretado consecutivos Estados de Emergencia para “controlar” las protestas pero no ha logrado dar atención a las legítimas demandas de las comunidades.

Recordemos que el último Decreto Supremo Nº 038-2019- PCM fue emitido el 26 de febrero de 2019 donde se aplicó esta medida por 30 días en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa. Este 27 de marzo próximo seguramente Gobierno seguirá prorrogando, por ello preocupa porque con la detención de Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba hoy cientos de comuneros y comuneras vienen movilizando contra su detención en las inmediaciones de la Empresa Minera Las Bambas.

Por ello, instamos al Gobierno, Defensoría del Pueblo y demás instituciones garanticen los derechos de las comunidades y se cambie las forma como el Estado pretende solucionar estos conflictos, el decretar Estado de Emergencia es una medida coercitiva que no debe seguir aplicándose, así como la persecución y criminalización a los dirigentes y abogados de las comunidades, pues de ninguna manera es un mecanismo adecuado para atender reclamos legítimos de una población que sin duda es afectada por las actividades extractivas.

Foto: LA MULA.PE

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