Cada 08 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día internacional de la mujer. Esta fecha surgió en un contexto de lucha por parte de mujeres que buscaban la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. En el Perú la fecha tardó en ser reconocida por el Estado, pero en 1996 se sumó a través del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), hoy conocido como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Con el paso de los años, el propósito de esta fecha ha sido distorsionada por algunos ya que se celebra a la mujer mas no se reflexiona sobre los avances, retrocesos y obstáculos que tienen en la defensa y ejercicio de sus derechos.
Durante estos últimos años de pandemia se han evidenciado diversos problemas que afectan directa e indirectamente a las mujeres, siendo uno de los principales la violencia de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recientemente ha expresado su preocupación por los altos índices debido a que los registros oficiales indican que en el 2021 se atendieron 140.833 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, lo que representa un incremento del 43% en comparación con el 2020.
Estado indiferente a la violencia de género
A esto se suma la preocupación de la ciudadanía y organizaciones no gubernamentales por tener representantes y autoridades políticas en el actual gobierno que invisibilizan esta problemática o que son parte del problema. Sobre el penúltimo gabinete Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), mencionó lo siguiente: “Nuestro marco legal impide que autoridades que hayan cometido violencia, de género particularmente, asuman cargos públicos y, sin embargo, el cargo de primer ministro se lo han dado a alguien que tiene ciertas denuncias probadas y sistemáticas, además, tanto en el ámbito familiar como en el público”. Si bien se realizó el cambio de gabinete, varios de los actuales ministros están involucrados en denuncias por violencia. Así mismo, este nuevo gabinete solo cuenta con un 15% de representación femenina, al igual que los anteriores gabinetes del actual gobierno en que las mujeres fueron minoría.
En febrero del presente año se sustentó el noveno informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (Cedaw) de las Naciones Unidas. En este el Perú confirmó su compromiso con la eliminación de la discriminación contra la mujer y la promoción de la igualdad de género; no obstante es evidente la incoherencia y el trabajo pendiente de parte de las autoridades ya que no se ha garantizado hasta el momento un real cumplimiento de la protección y promoción de los derechos de la mujer, como es el caso mencionado de la falta de paridad en los gabinetes.
Por otra parte, en cuanto a la sociedad, la actual ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, afirmó que, pese a los avances alcanzados en los últimos años, aún existe una alta tolerancia frente a la violencia de género. Esto se evidencia en discursos públicos de parte de autoridades que justifican la violencia al denominarla un “asunto privado o personal” o también, en los altos porcentajes presentados por la INEI que muestran que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia de pareja alguna vez en su vida.
Derechos de las mujeres en la región de Apurímac
El Observatorio Nacional de Violencia contras las mujeres e integrantes del grupo familiar indica que los mayores porcentajes de mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual se encuentran en los departamentos de Cusco (15.1%), Apurímac (14,0%), Piura (13,9%), Huancavelica (12,9%) y San Martín (12,6%). Asimismo, de acuerdo con la ENDES (2020), en Apurímac el 41.8% de mujeres alguna vez sufrieron violencia física ejercida por el esposo o compañero, de las cuales el 68% sufrieron violencia psicológica y/o el 14.3% de mujeres enfrentaron violencia sexual. Estas cifras ubican a Apurímac como uno de los departamentos con más alto número de hechos de violencia hacia las mujeres ejercida por su pareja o compañero, lo cual no les permite ejercer su derecho a una vida digna y libre de violencia.
Por otra parte, en cuanto al trabajo, las mujeres se enfrentan a problemas como desigualdad salarial, acoso y hostigamiento laboral, despidos arbitrarios y otros; sin embargo la situación de las mujeres de zonas rurales es aún más preocupante. Si bien ellas aportan a la economía de cuidados y en espacios de producción al cuidar de sus familias y sus territorios, esto no es reconocido como tal. Además, el 81% trabaja en agricultura sin embargo solo el 20% de ellas tiene acceso a un salario, que está por debajo de lo reciben los hombres; y en zonas mineras, el acceso a un trabajo por parte de las mujeres es menor.
¿Qué falta por hacer?
A nivel nacional, urge la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género y que a partir de esta cada región actualice o inicie el trabajo de sus Planes regionales de igualdad de género, en el que se contemple las necesidades de grupos de especial protección, como las mujeres defensoras de los derechos humanos, mujeres indígenas u originarias, mujeres afroperuanas, mujeres LGTBI y mujeres privadas de su libertad, entre otras. Esto debido a que en el caso de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas, aún está pendiente una reparación integral y por su parte las mujeres que han sido afectadas con metales tóxicos o que han sido criminalizadas por defender sus territorios aún no han sido atendidas. Así mismo es importante la construcción y aprobación del sistemas de cuidados para la mejora de servicios y la redistribución de las tareas equitativamente.
