Lo que usted acaba de leer es un extracto del documento denominado MEMO/MULT No. 470-2019-IX.MACREPOL-AREQUIPA/REGPOLAQP-DIVOPS, remitido este fin de semana, por el Coronel Aguilar Lizarzaburu, Jefe de la División de Orden Público de Arequipa, a todas las dependencias policiales y comisarías del sector, para alertarlos sobre la huelga indefinida que la población del Valle del Tambo ha iniciado el día de hoy.
Paralelamente el sábado 3 de agosto, en el diario oficial El Peruano, se publicó la Resolución Suprema que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden interno en Matarani, Islay- Arequipa, a partir de dicha fecha y por 30 días.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público emitió la Resolución No. 243-2018-MP-3FPPD, mediante la cual exhorta a los dirigentes de las organizaciones sociales a que “durante el Paro Macro Regional indefinido convocado a partir del 5 de agosto del presente año, se abstengan de realizar actos que atenten contra el orden y la tranquilidad pública, la vida y la integridad de las personas, el patrimonio público o privado o de atentar contra el transporte público (…), así mismo se abstengan de portal elementos u objetos (…) que pudieran ser utilizados para concretar alguna actividad violenta”
Del tenor de todas estas disposiciones, el Estado no parece estar previendo una situación de control de orden público, estas disposiciones corresponden a repeler un posible ataque terroristas o de hordas criminales que van a atentar contra bienes, instalaciones y hasta población de un país.
La actuación del Estado en el manejo de conflictos es cada vez peor, y en lugar de buscar salidas institucionales y políticas, criminaliza a quienes protestan, militariza los territorios, y con todo ello nos expone a resultados fatídicos que ya hemos visto en repetidas ocasiones (Conga, El Baguazo, Las Bambas, el propio Tía María, etc). Por cierto a estas alturas una se pregunta ¿tenemos un Viceministerio de gobernanza territorial?
¿Algún día el Estado va a reconocer que los únicos responsables de que los conflictos entren a fases agudas obedece únicamente a su propia actuación? En este caso, ¿el entregar una autorización de manera groseramente irresponsable por la presión del empresariado, el no ofrecer una solución clara respondiendo apenas con ambigüedades y, finalmente la orden de represión, no son acaso responsabilidad plena del gobierno?
La población del Valle de Tambo no solo está respondiendo y actuando proporcional y legítimamente en salvaguarda de sus derechos, sino que está utilizando vías legales, que ello quede claro. Habría que recordarle al gobierno peruano los estándares internacionales respecto al tema de ejercicio, manifestación y protesta social. Como lo ha precisado la CIDH, protestar no es un delito, es parte del ejercicio de derechos políticos, como la libertad de expresión y el derecho de reunión. Frente a ello el Estado no solo está obligado a permitir, sino a facilitar la realización de estas manifestaciones, debiendo abstenerse de cualquier amenaza, estigmatización y menos aún de reprimir a quienes protestan.
La población ejerce un paro contundente pero pacífico, por ello no podemos tolerar que el gobierno infunda terror con falacias sin ningún fundamento respecto a la actuación del pueblo e instigue a la violencia de las fuerzas del orden. El Valle de Tambo defiende su territorio, su producción, sus medios de subsistencia, por ello es inadmisible que el Estado y el empresariado quieran calificar ello como criminal y subversivo. Toca denunciar, toca levantar la voz fuerte y urgente, y no solo porque hay que defender el derecho de la población a protestar en mérito a la vigencia de la democracia y el Estado del Derecho, sino porque es necesario prevenir que vuelva a ocurrir lo que tantas veces ha sucedido: el ejercicio de la violencia y la represión irracional del gobierno, el atentado contra las vidas que quienes solo defienden lo poco que tienen.
